La reforma previsional que acaba de anunciar la Presidenta tiene un profundo significado político.

¿Por qué?

Muy simple. Ayuda a que la sociedad chilena transite desde una sociedad predominantemente contributiva (donde cada uno se rasca, ante todo, con sus propias uñas) a una de riesgo compartido (en la que el infortunio de uno es, en una medida siquiera mínima, el de todos). A eso ayuda el 2% del aumento de cotizaciones que irá a un fondo común.

A recordar que la suerte de cada uno está, siquiera en parte, atada a la de los demás.

Es verdad que la medida va a contrapelo de la opinión mayoritaria. Como lo muestran las encuestas (y lo sugiere el reciente informe del PNUD), la mayor parte de la gente preferiría que si se aumenta la cotización (medida como un porcentaje de su ingreso), ese dinero fuera a su propia cuenta, a engrosar su pensión futura, a mejorar sus días, y no los ajenos. ¿Acaso no se trata de su esfuerzo? ¿Por qué, entonces, compartirlo?

Pero esta vez la mayoría se equivoca.

Para advertirlo basta imaginar lo que esas mismas personas habrían acordado si (el ejemplo es de Rawls) se hubiera discutido un régimen de pensiones sin que ninguna de ellas supiera cuál sería su suerte cuando la vejez llegara. ¿Preferiría entonces, para cuando el lento pantano de los años se instalara, rascarse con sus uñas o compartir el riesgo? Salvo casos de grave irracionalidad o de una suicida propensión al riesgo, lo más probable es que la mayoría acordaría compartir el riesgo, siquiera en parte. De esa forma se aseguraría disfrutar del bienestar si hace esfuerzos (puesto que el sistema seguiría siendo predominantemente contributivo) y estaría seguro de aminorar la pérdida si ocurre lo peor (puesto que parte del esfuerzo de su vecino lo beneficiaría a él).

¿Podría alcanzarse un resultado semejante con cargo a rentas generales; es decir, con cargo a impuestos?

Es probable que no haya grandes diferencias desde el punto de vista económico; pero sin duda las hay desde el punto de vista simbólico.

James Tobin (fue Nobel y enseñó en Yale, no en Chicago) aconsejó distinguir entre el igualitarismo general (en el que para corregir la desigualdad se transfiere dinero a las personas para que lo gasten en lo que les plazca) y el igualitarismo específico (en el que en vez de dinero se les entregan bienes). La diferencia es significativa. El igualitarismo específico enseña que hay bienes que son importantes para la sociedad y cuya distribución hay que asegurar.

Algo parecido ocurre con las pensiones financiadas mediante cotizaciones. Son un signo de que hay formas de relacionarse que importan.

Las sociedades necesitan lo que algún sociólogo llamaría una estructura de plausibilidad, un conjunto de instituciones que muestren a sus miembros y les recuerden, una y otra vez, lo obvio: que son miembros de una sociedad, y no meros individuos a los que la suerte de su vecino les es del todo ajena; que una sociedad, incluso una capitalista cuyo combustible es el esfuerzo personal, es una empresa común que supone deberes recíprocos entre sus miembros, y no una agrupación de free riders , de individuos atentos a las oportunidades y preocupados ante todo de sí mismos.

Esa es la importancia específica de esta reforma.

El principio contributivo que hasta ahora es predominante enseña que su suerte en la vejez dependerá de cuánto esfuerzo haya hecho durante su vida laboral. Un criterio como ese parece satisfacer el principio (correcto) según el cual la vida de cada uno debe depender de sus propias decisiones. Si usted decidió hacer crucigramas en vez de trabajar, no parece correcto que su vecino, que trabajó como hormiga, tenga que financiarle la pensión. Todo eso suena muy bien. Pero ocurre que en la realidad las personas que tienen pensiones bajas no las tienen porque prefirieron hacer crucigramas en vez de trabajar. Trabajaron como hormigas, solo que el género, la clase, la etnia, les impidieron mejores oportunidades. En otras palabras, su suerte estuvo gravemente influida por factores involuntarios distintos a su desempeño. Es entonces correcta una regla que corrija eso y recuerde, una y otra vez, que la suerte en esta vida es, hasta cierto punto, una suerte compartida.

No hay nada contrario a la modernización en una medida como esa. Por el contrario. Ya T.H. Marshall dijo que la sociedad capitalista necesitaba instituciones que obliguen a compartir el infortunio.

Esa era, dijo él, la única forma de legitimar la desigualdad que es resultado del esfuerzo y el mérito.