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Cartas
Viernes 11 de agosto de 2017
La otra deuda de Enel
Señor Director:
Han sido de público conocimiento los costos que han traído para Santiago las demoras en la reposición del suministro eléctrico de la empresa Enel. No obstante la gravedad de este problema, existe otro más silencioso, pero de magnitud similar: los excesivos costos y retrasos de los proyectos de vialidad urbana, así como el desincentivo al soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones.
Diferentes organismos ejecutores de obras urbanas por parte del Estado tienen una larga y tortuosa relación con Enel (antes Chilectra) y otras empresas de servicios (agua, gas, telecomunicaciones). Esto es producto tanto de las falencias de nuestras leyes como de los abusos de las empresas reguladas. Por el lado de las leyes, al igual que en el caso de los cortes de suministro eléctrico, estas entregan demasiadas garantías a las empresas de servicios en desmedro del interés público. Por el lado de las empresas -en particular de Enel y las empresas de telecomunicaciones-, existe un abuso de la posición dominante en el mercado, que les permite determinar unilateralmente el costo, plazo y calidad de las intervenciones. Como resultado, estas empresas abultan sus utilidades injustamente mientras que la ciudad termina ejecutando obras más costosas, en mayores plazos y con inferior calidad a la deseada.
Los ejemplos son innumerables, pero doy uno concreto de gran relevancia. El proyecto de corredor en Vicuña Mackenna que interviene 9 km se encuentra actualmente en construcción a través de tres contratos de obras por un monto total de $85.000 millones. De este monto, $31.600 millones (37%) van solamente destinados a las empresas de servicios para las respectivas modificaciones, que por cierto ni siquiera incorporan el soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones. Son cerca de $3.500 millones por kilómetro que se van a las empresas de servicios sin mejorar las calidad de nuestras calles y veredas ni el mejoramiento de nuestros espacios públicos. Para colmo, la ejecución de los trabajos que son responsabilidad de Enel tiene demoras que superan los 500 días, aumentando las molestias para los vecinos y usuarios de esta importante arteria.
Preocupados por la gravedad de los asuntos mencionados, hemos puesto esta información a disposición de la Fiscalía Nacional Económica para que investigue si nos encontramos ante prácticas que atentan contra la libre competencia, así como del Ministerio de Energía para que las considere dentro de la ley corta que se espera tramitar. En cualquier caso, esperamos que la empresa reevalúe su actuar no solo desde la perspectiva legal, sino que desde la ética empresarial.
Claudio Orrego Larraín
Intendente Región Metropolitana de Santiago