René Olivares y Rienzi Franco

El 12 de enero de este año, una sesión de la comisión de Régimen Interno del Senado adjudicó la licitación de los seguros que la corporación contrata para los senadores. Con ese acto, además, se daba curso al pago de poco más de $12 millones al mes en primas en favor solo de los parlamentarios, lo que implica un gasto aproximado para el fisco de $317.323 mensuales por cada senador en ejercicio.

Doce días antes había comenzado a regir el nuevo sueldo mínimo, que fue reajustado en $7 mil para llegar a los $264 mil que rigen durante todo este 2017, y que había sido aprobado por el mismo Congreso Nacional un par de meses antes.

La comisión de Régimen Interno, que siempre encabeza el presidente del Senado -en ese entonces, Ricardo Lagos Weber (PPD)-, revisa todos los ámbitos administrativos del funcionamiento de la Corporación, y en esa sesión renovaba por un año -hasta marzo de 2018- el abanico de pólizas en beneficio de los parlamentarios, que alcanzan un monto de 42.500 UF (equivalentes a $1.130.050.000) por cada uno de ellos.

Esa cobertura más que cuadruplica la contratada por la Cámara de Diputados, que agrupa pólizas por $220 millones en favor de cada legislador, sumando los dos seguros que son financiados con recursos fiscales.

Así, la Cámara tiene asegurada la vida de cada uno los 120 diputados por un monto de 4.200 UF (alrededor de $111 millones).

Ese es el resultado de las licitaciones hechas por el Poder Legislativo, obtenido por "El Mercurio" a través de la Ley de Transparencia, y donde se da cuenta del gasto fiscal en que se incurre para asegurar a los parlamentarios en ejercicio.

Por qué no se descuentan de las dietas parlamentarias

Un hecho traumático fue el que dio origen a esta necesidad en el Senado: el asesinato del senador Jaime Guzmán, quien murió en 1991 en un atentado perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Eso hizo que el presidente del Senado de la época, el DC Gabriel Valdés, expusiera la necesidad de que los parlamentarios contaran con protección frente a ese tipo de riesgos.

"Así, se consideró contratar por primera vez un seguro, y luego, al ver otras necesidades, se fueron sumando otros tipos de cobertura", recuerda el prosecretario y tesorero del Senado, José Luis Alliende.

Consultado sobre la decisión de que estos seguros sean con cargo al fisco y a las dietas parlamentarias (que hoy ascienden a un monto bruto de $9.121.806), Alliende plantea que "así se decidió en su minuto".

Desde la primera contratación de un seguro, en 1991, el Senado ha tenido tres eventos en los cuales se ha aplicado la cobertura de vida. Al menos dos de ellos se activaron por el fallecimiento de un prosecretario y un secretario del Senado, funcionarios que también están incorporados en estas pólizas. Del tercero no se logró un registro.

Con los años se fueron sumando coberturas, como de accidentes, asistencia en viaje, para los vehículos que utilizan los parlamentarios y coberturas catastróficas en salud.

La Cámara, en tanto, ha aplicado una política distinta, que solo contempla seguros de vida por 4.200 UF y de accidentes (otras 4.200 UF).

Uno de los puntos sobre los cuales se funda la decisión de asegurar a los diputados es "que la Ley de Accidentes Laborales es poco clara para definir un accidente de trayecto en el caso de la labor parlamentaria", según explica Miguel Landeros, secretario general de la Cámara.

La norma aludida, que data de 1968, ha sido modificada doce veces en los últimos veinte años, sin que nunca se haya incluido una mejora en el ámbito del trabajo del Congreso.

¿Recortes por ampliación del Congreso?

Alliende, prosecretario del Senado, afirma que ante el crecimiento en el número de parlamentarios (el próximo año se suman cinco a la Cámara Alta, para totalizar 43), "lo más lógico sería que, como los costos operacionales subirán, se revisen temas como estos", en referencia a los seguros.

Lo mismo cree Landeros, de la Cámara de Diputados, donde desde marzo se incorporarán 35 parlamentarios, para llegar a 155: "La política de la corporación es lograr el mejor uso de los recursos fiscales, y no me corresponde ni puedo calificar lo que ocurre en otras instancias del Congreso".

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La cobertura automotriz contratada por el Senado incorpora casi cien vehículos pertenecientes a los parlamentarios

Otro de los contratos licitados por la Cámara Alta corresponde a un seguro automotor, tanto para los vehículos de propiedad de la corporación -que son cinco en total-, como para aquellos de propiedad de los parlamentarios.

De acuerdo con las bases de licitación, los senadores incluyeron en estas coberturas un total de 97 vehículos, con un promedio de 2,5 autos por cada parlamentario. Estos, sumados a los cinco de propiedad fiscal, conforman los 102 automóviles incluidos en el contrato, que provee la empresa Mapfre.

Consultado sobre este punto, el Prosecretario General y Tesorero del Senado, José Luis Alliende, explica que el beneficio se planteó como una necesidad de la labor parlamentaria, considerando que esta conlleva largos desplazamientos en las circunscripciones. Añade que el beneficio fiscal tiene un tope de tres vehículos por parlamentario. "De ahí en adelante, se puede acceder al beneficio, pero con cargo a la dieta", añade Alliende.

Bajo ese límite, todos los vehículos incorporados en la licitación para ser objeto del convenio estarían financiados por el fisco.

Entre las coberturas a las que pueden acceder los beneficiarios de estas pólizas están condiciones por sobre el promedio del mercado y que no están disponibles para el ciudadano común y corriente.

Por ejemplo, los dos primeros siniestros de cada vehículo son sin deducible a pagar por el propietario del vehículo, y recién a partir del tercero comienza un cobro progresivo. Los datos sobre este seguro, contenidos en las bases de licitación, muestran que desde el período 2006-2007 hasta el 2014-2015 hubo un total de 486 siniestros denunciados, y que los seguros debieron responder por un total de 22.336 UF (unos $595 millones al cambio actual).

Beneficios frente a terrorismo, revueltas y sublevaciones

Una de las particularidades de las licitaciones que se lleva a cabo en el Congreso para contratar seguros de accidentes para los parlamentarios, es que estos deben incluir coberturas frente a actos terroristas, manifestaciones populares, sublevación, rebelión, motín, conmoción civil y tumultos sin participación activa.

Un ciudadano común no puede acceder a este tipo de coberturas, pero según explica el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, "son necesarias por la naturaleza propia de los cargos".

Montos diferentes

Otra característica de estos seguros contratados vía licitación pública es la diferencia de los montos involucrados.

Por ejemplo, los senadores tienen una póliza mucho mayor (10.000 UF, unos $266 millones), en comparación con sus conductores (1.500 UF, unos $40 millones) y con los funcionarios del Senado (200 UF, $5,3 millones).