Uno de los errores conceptuales más grotescos en la discusión sobre la gratuidad universitaria es confundir la vulnerabilidad socioeconómica de los actuales estudiantes (o la de sus padres) con la de los futuros egresados. Las implicancias de tal equivocación no son inocuas. Si un estudiante proveniente de un hogar vulnerable termina siendo un exitoso profesional luego de egresar, ¿debe el país pagarle la educación superior? Creemos que no. Los recursos que se regalan aguas arriba dejan de invertirse aguas abajo, donde tienen mayor retorno social. El realismo es siempre con renuncia. ¿Y los estudiantes talentosos provenientes de hogares pobres que producto de restricciones financieras no pueden pagar hoy sus estudios superiores? Un sistema de créditos contingentes al ingreso representa una herramienta más justa y eficiente para eliminar tales injustas barreras: ellos no pagan hoy, pero retribuyen una vez que los beneficios de la educación superior se les revelan. Bien diseñado, un sistema de este tipo incluso puede fomentar la competencia para evitar la inflación de aranceles.

Hasta hace poco el grotesco error parecía ser patrimonio de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Más recientemente, en lo que huele a elástica convicción, Renovación Nacional ha abrazado la gratuidad. Sus parlamentarios aparecen apoyando la extensión de la gratuidad al 60% a un costo total estimado de US$ 1.100 millones al año, profundizando el deterioro de las cuentas fiscales (como nos recordara Standard & Poor's) y eliminando cualquier espacio para atender otras prioridades urgentes.

La lógica simplemente no se entiende. El país se ha visto remecido por la indolencia respecto de la vergonzosa realidad del Sename, que clama por mayores recursos y una mejor gestión. Pero eso no parece importarles a los promotores de la gratuidad que, desafiando la aritmética presupuestaria más elemental, argumentan que en este caso se puede caminar y mascar chicle a la vez. No es así. Un peso dedicado a la gratuidad es un peso no invertido en los niños más vulnerables.

Tampoco parece importar que la gran mayoría de los escolares en Chile se gradúen mayoritariamente en calidad de analfabetos funcionales. ¿Igualdad de oportunidades? Porque recordémoslo bien: dos de cada tres escolares en Chile están en los niveles básicos de comprensión lectora y numérica y apenas el 2% se sitúa en los niveles más avanzados en la prueba PISA. ¿Dónde está el mayor retorno social de los dineros dedicados a la gratuidad? Creemos que en la inversión para evitar que más estudiantes vulnerables lleguen a la educación superior sin las habilidades necesarias para poder alcanzar el sueño de un título universitario de calidad.

De hecho, la misma OCDE muestra que las competencias de los egresados de la educación superior en Chile son equivalentes a las de un egresado de educación media en la OCDE. Así, la opción políticamente más atractiva para algunos no es la socialmente más recomendable: la universidad en Chile apenas nivela lo que la escuela no enseñó, pero a un costo por alumno para el fisco, gratuidad mediante, tres veces mayor que lo que este destina a la educación escolar. ¿Uso inteligente de los recursos?

Y si lo anterior no bastase, considere la siguiente pregunta: ¿Cómo se comparan las posibilidades de sacar más de 650 puntos en la PSU entre un escolar de cuarto básico perteneciente al 10% de peores colegios con el del 10% mejor? La respuesta es desoladora: 250 veces menor. ¿Desigualdad? Sí, la que realmente importa: la injusta. Desde esta perspectiva, continuar con la extensión de los beneficios de gratuidad aparece como un inaceptable despilfarro.

Son demasiados los elementos que subrayan lo evidente: que la gratuidad es una política profundamente injusta en un país con las carencias que Chile todavía exhibe en sus niños. Lo que hagamos en edades tempranas es clave para disminuir las brechas de una desigualdad injusta que luego se torna irreversible. Los datos están ahí. Sumidos en la indolencia de quienes ahora transversalmente bailan al ritmo de los que marchan.

Ignacio Briones
Decano Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

Sergio Urzúa
Universidad de Maryland y Clapes-UC