Señor Director:

Hay nueve proyectos de ley sobre infancia en discusión en el Parlamento, se han realizado dos comisiones investigadoras sobre el Sename e incluso hubo una comisión asesora presidencial en temas de infancia el año 2009. Sin embargo, la realidad del Sename no ha cambiado en lo sustantivo y sigue habiendo más de 150.000 niños que todos los días están sufriendo vulneraciones en sus derechos.

Hace pocos días se publicó en su diario una columna de un grupo de expertos en temas de infancia que sugieren propuestas muy concretas: mejorar la infraestructura, mejorar la proporción de niños por educador, aumentar la cobertura en salud mental de estos niños, especializar a los educadores de trato directo, prevenir el rezago escolar, facilitar la coordinación entre los servicios públicos que los atienden, entre otras. Ninguna de estas sugerencias requiere de cambios institucionales, solo convicción política y mayores recursos.

En la Ley de Presupuestos de 2017, la asignación para subvención a proyectos en el área de protección de menores se mantuvo estancada, mientras que al Programa de Fiscalización a Centros de Menores no se le asignó presupuesto.

Con convicción política, el año 2017 el Gobierno impuso su iniciativa de gratuidad en la educación superior a través de una glosa presupuestaria. Para el año 2018 se prevé incorporar al sexto decil en la gratuidad a educación superior, lo que significará una inversión de alrededor de US$ 500 millones, es decir, más de dos veces toda la inversión que se hace en subvenciones a la protección en infancia. La verdadera prioridad en infancia vulnerada se verá reflejada en la Ley de Presupuestos 2018.

Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas UC