La decisión del Presidente Evo Morales de cumplir con la sentencia del Tribunal de Pozo Almonte en contra de nueve ciudadanos de su país que cometieron delitos en Chile pone fin a un proceso de tres meses. Nuestro gobierno ha considerado satisfactorio un fallo de culpabilidad de los acusados, que impide sentar un precedente que afecte la intangibilidad de nuestras fronteras, así como la pena sustitutiva de expulsión y exclusión temporal del territorio nacional. Bolivia no promovió ninguna apelación de la sentencia, pagó la multa fijada y sus ciudadanos salieron del territorio nacional.

Tras agitar el caso en organismos internacionales, sin eco alguno; politizar seriamente la situación enviando a altos personeros a presenciar el juicio haciendo declaraciones agresivas, y denunciar supuestas violaciones de derechos humanos, sin ninguna evidencia, el Presidente de Bolivia parece aceptar que este caso ya ha agotado su utilidad. Ello lo lleva a desistir de su ofensiva, no sin antes anunciar que los acusados serán condecorados por sus "servicios a la Patria".

Sería un error mirar lo ocurrido como un simple incidente fronterizo o un hecho aislado. Al contrario, nos dice mucho acerca del deterioro de las relaciones entre Chile y Bolivia, provocado por el gobierno de La Paz; y nos hace temer que sucesos como este puedan repetirse, como parte de una ofensiva cuyo objetivo estratégico es contrario a nuestro interés nacional.

El propósito no es el acceso al océano Pacífico, concedido a Bolivia en el Tratado de 1904, con pleno libre tránsito a través del territorio chileno, sino deshacerse de ese Tratado y obtener una cesión de soberanía que Chile no está dispuesto a conceder. Este asunto medular es objeto hoy de una estrategia múltiple de Bolivia, que incluye la demanda ante la Corte Internacional de Justicia; la reapertura del asunto del río Silala; el intento de reabrir el tema del río Lauca; la constante agresión verbal del propio Evo Morales, su vicepresidente y sus ministros; los continuos ataques al Tratado de 1904, alegando supuestos incumplimientos; las demoras en resolver temas tarifarios que afectan al puerto de Arica, y frecuentes acciones en la frontera que intentan cuestionar, de hecho, el pleno ejercicio de nuestra soberanía. Es lógico entonces que los chilenos no hayan visto el caso reciente de traspaso ilegal de la frontera como un malentendido, sino como una nueva provocación en el marco de esa estrategia.

Pero también sería un error escalar el asunto de nuestro lado, haciéndole el juego a Evo Morales. Tenemos con Bolivia una frontera común, un comercio continuo, un creciente tránsito terrestre, una gran cantidad de ciudadanos de cada país que viven en el otro, un número creciente de estudiantes bolivianos que estudian en Chile; en suma, una vecindad permanente que es parte de la vida cotidiana de muchos chilenos y bolivianos. Proteger la paz entre nuestras naciones es un deber ineludible y no lo hacemos exacerbando nosotros el conflicto, ni en la retórica ni en la política.

Cuando una nación vecina persigue un objetivo radicalmente incompatible con nuestro interés nacional y existen, al mismo tiempo, tantos lazos que nos unen, debemos ejercer hacia Bolivia una política paciente y firme de contención. Eso significa negar sistemática y pacíficamente el logro de sus propósitos e impedir que se cuestione el ejercicio de nuestra soberanía, mientras mantenemos nuestra disposición a dialogar sobre temas de la relación vecinal (salvo aquellos que están ya en una Corte) en condiciones de respeto e igualdad. Ese es el sentido de lo que hemos hecho en este caso, con firmeza y prudencia.

Todo esto puede durar más tiempo del que Chile quisiera. Dependerá de cuándo el Presidente de Bolivia entienda que provocando a Chile no obtendrá resultados y, en cambio, seguirá dañando nuestras relaciones y el bienestar de su pueblo.

José Miguel Insulza