Son evidentes los retrasos en la puesta en marcha de los quince centros de formación técnica estatales creados por ley. Solo cinco han comprometido el inicio de clases en marzo de 2018, pero solo dos de ellos tienen sus rectores nombrados (Linares y Lautaro). En los otros tres casos (Alto Hospicio, Ovalle y Llanquihue), el concurso para la búsqueda de esa autoridad se inició recién el 8 de mayo pasado. Respecto de la infraestructura que albergará a estas casas de estudios, tampoco hay claridad.En lo que toca a los tres que aún no tienen rector, no se conocen los lugares en que se instalarían. En el caso de Lautaro hay un edificio municipal que puede ser utilizado para estos propósitos. Para el CFT de Linares, la Universidad de Talca facilitaría infraestructura. Las sedes definitivas para todos ellos están recién proyectadas y el inicio de obras no se materializará antes de 2018. Este año se contemplaron del orden de 10 mil 500 millones de pesos para el desarrollo de estos CFT. El grueso de estos recursos se planificó como transferencias de capital, pero atendido el estado de avance de estas iniciativas, es improbable que se ejecuten oportunamente.

El contexto en el que se están desarrollando estos CFT es especialmente complejo y, por tanto, se ponen en riesgo los objetivos de este esfuerzo, uno de los cuales era asegurar una presencia estatal relevante en la formación técnica superior y darle a esta oferta un sello distintivo. Si bien es difícil justificar el retorno social de esta iniciativa, ella apuntaba a lograr una articulación en el sistema escolar conectando la educación media con la universitaria, algo en lo que el país no ha logrado avanzar. En efecto, es muy difícil en Chile partir, por ejemplo, en un CFT y luego concluir la educación en una universidad, independientemente de los méritos de las personas que intentan ese camino. Al estar supuestamente bajo el alero de las universidades estatales, estos centros técnicos abrían un espacio de experimentación que otras instituciones podrían luego replicar. Sin embargo, esta coordinación no parece estar siendo muy efectiva a la luz de la experiencia que se observa con los primeros cinco de ellos, los que se ven como proyectos aislados y a los que no se ha otorgado la importancia con la que se los anunció. Así, se aprecia muy reducida la posibilidad de que sean un real aporte a la educación superior técnico-profesional.

Por otra parte, estos CFT estatales se crean en un momento en que la demanda por estas instituciones ha estado estancada e incluso se ha reducido levemente en los últimos años. Parece existir más interés en ingresar a los institutos profesionales -que en los últimos diez años han multiplicado su matrícula por 2,5- que a los CFT, los que en el mismo período aumentaron su matrícula en poco más del 60 por ciento (aunque desde 2014 su demanda está a la baja). En estas condiciones se hace aún más dudosa la contribución que puedan hacer estas instituciones al panorama nacional o regional de la educación superior técnico-profesional. Esa misma circunstancia ha incrementado la concentración y la competividad en el sector dejando aún menos espacio para estas instituciones estatales. Los principales centros de formación técnica del sector han invertido recursos durante mucho tiempo y han ajustado sus currículums de manera más precisa con el sector productivo. Si estas nuevas entidades estatales quieren tener éxito, se requiere de un compromiso muy profundo de todos los actores involucrados, incluidas las autoridades públicas. Si no es posible concitar esa dedicación, aún es tiempo de reevaluar la continuidad de esta iniciativa.