Francisca Maturana Torres

Con los demócratas del Congreso aún convalecientes del golpe de las elecciones de 2016, el Presidente estadounidense, Donald Trump, encontró fuera del Capitolio a su rival más potente: ciudades y estados que están usando todos los recursos a su alcance para bloquear o eludir las decisiones más polémicas de la Casa Blanca.

Hasta ahora, los alcaldes y gobernadores habían actuado independientemente -o formando alianzas ocasionales-, sobre todo para contrarrestar las políticas inmigratorias del Presidente o para expresar su rechazo a la decisión de abandonar el Acuerdo Climático de París. Eso, al margen de lo que están haciendo junto a las fiscalías para revocar los decretos de Trump. Pero este fin de semana, los ediles reunidos en Miami Beach para su conferencia anual oficializaron su decisión de respaldar el pacto global sobre medioambiente y de buscar la forma para trabajar en conjunto para enfrentar las consecuencias del calentamiento global.

"Hay casi unanimidad en esta conferencia de que el cambio climático es real y que los humanos contribuyen a él. Puede que haya un poco de desacuerdo en cómo lidiar con eso", dijo Mitch Landrieu, alcalde demócrata de Nueva Orleans (sur), nuevo presidente de la Conferencia, en reemplazo de su par de Oklahoma City, el republicano Mick Cornett.

"Si nosotros no actuamos, ¿quién lo va a hacer? Las ciudades y los estados de todo el país ahora están haciendo el tipo de cosas que el gobierno nacional debe hacer. Es solo que ya no podemos depender de nuestro gobierno nacional", dijo este fin de semana Bill de Blasio, edil demócrata de Nueva York, durante la Conferencia anual de los alcaldes de EE.UU.

Debido al sistema descentralizado de Estados Unidos, los gobiernos a nivel estatal y local pueden implementar medidas para adaptar las decisiones federales, en ciertos temas, como migración y cambio climático.

El veto al veto

A la cabeza de la oposición contra el Mandatario está California. El estado más poblado del país no solo tramita una ley para convertirse en santuario para inmigrantes -localidades que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales- y desafiar las intenciones de Trump; también ha sido escenario de muchas protestas contra el gobierno. La frustración con el gobierno central incluso ha incrementado el apoyo a un "Calexit", la propuesta para que California salga de la Unión.

La primera señal de que las ciudades y estados no acatarían todas las propuestas de la Casa Blanca vino con el cuestionado decreto migratorio, que vetaba por un tiempo la entrada al país a ciudadanos provenientes de siete naciones de mayoría musulmana.

Los estados de Washington y Minnesota fueron los primeros en oponerse al decreto y lograron restringirlo temporalmente, gracias a que un juez federal lo declaró "ilegal e inconstitucional". Otros, como Nueva York, Oregon y Massachusetts, se sumaron a la movida.

"Vamos a pelear contra este terrible fallo, vamos a llegar hasta la Corte Suprema, vamos a ganar y vamos a mantener seguros a nuestro país y a nuestros ciudadanos", dijo Trump entonces. La medida sigue bloqueada.

Algo similar ocurrió con el intento del Presidente de acabar con las ciudades santuario, por medio de una orden ejecutiva que amenazaba con retener los fondos de las jurisdicciones que se negaran a cumplir con la ley federal de inmigración. El decreto aumentaba el personal de la policía de inmigración y declaraba deportables a todos los inmigrantes indocumentados, en vez de centrarse en los que habían cometido delitos.

En esa ocasión fue un juez federal de San Francisco el responsable de bloquearla, con la explicación de que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales. Otras 34 ciudades se sumaron a la decisión, que se convirtió en la tercera derrota judicial del Mandatario.

"Por el tamaño de estos estados y ciudades, pueden influir en lo que afecta a una gran cantidad de territorio y a un gran número de personas", dijo a "El Mercurio" Robert Shapiro, profesor de la Universidad de Columbia. Además -comenta el politólogo-, "a través del ejemplo que establecen, pueden convertirse en un modelo para aplicar en otro lugar".

Error de cálculo

La segunda gran disputa llegó cuando Trump anunció el retiro de EE.UU. del Acuerdo climático de París, una decisión considerada como una de las medidas más aislacionistas del republicano en sus poco más de cinco meses de gobierno. Firmado en 2015 por más de 190 países, el pacto busca llevar el calentamiento global a menos de 2°C respecto de los niveles preindustriales, un tema geográfica y económicamente transversal.

"Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París", dijo Trump al comentar su decisión. Pero Pittsburgh desmintió al Presidente: la ciudad "se mantiene con el mundo y seguirá en el acuerdo", respondió su alcalde, el demócrata Bill Peduto. Mal cálculo del Mandatario, que ni siquiera había ganado Pittsburgh en las elecciones: ahí, el 80% de los votos fueron para la candidata demócrata Hillary Clinton.

Rápidamente, Nueva York, California y Washington anunciaron la Alianza del Clima de Estados Unidos, que compromete a los miembros a trabajar hacia los objetivos del Acuerdo de París sin apoyo federal, ya que gran parte de la política energética del país se establece en el nivel estatal. Esos tres estados, solos, representan más del 20% del PIB del país y el 10% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y aunque los tres gobernadores que lanzaron la iniciativa son demócratas, los republicanos Charlie Baker, de Massachusetts, y Phil Scott, de Vermont, también firmaron, al igual que otros estados.

La decisión de Trump de dejar el acuerdo es un "curso equivocado y loco de acción", dijo el gobernador de California, Jerry Brown, quien aseguró que ese estado está "listo para la batalla".

Las ciudades también ejercen un control sobre gran parte de cómo se utiliza la energía dentro de sus jurisdicciones. Y en respuesta al anuncio, cerca de 70 alcaldes de las principales ciudades, como Los Angeles, Nueva York y Houston, hicieron el mismo compromiso de respetar los objetivos del pacto. La decisión se vio respaldada este fin de semana en la Conferencia de ediles en Miami Beach.

Privados y muchas empresas se han sumado a la iniciativa. Sin buscarlo, Trump provocó una determinación sin precedentes dentro de los EE.UU. para enfrentar el peligro del cambio climático.

De todas formas, "hay límites, por supuesto, a lo que los estados y las ciudades pueden hacer. Ambos reciben una gran cantidad de fondos del gobierno federal", dijo a "El Mercurio" Mark Peterson, académico de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

Además, hay localidades que apoyan las ideas del Presidente, como Texas, que se encuentra en medio de una batalla legal con sus ciudades (Austin, San Antonio, Houston y Dallas), porque quiere prohibir el estatus de santuario.

Cuando Trump cumplió los 100 días en el poder sin ninguna gran victoria, sus asesores aseguraron que había que darle tiempo. Sin embargo, los últimos meses han demostrado que no es eso lo que el Mandatario necesita y que sus planes seguirán siendo frustrados mientras se mantenga el descontento de las ciudades y los estados.