Nuevamente un proyecto de trascendencia para el futuro de Chile se ha aprobado en una comisión de la Cámara de Diputados de una manera que no resiste una deliberación política de calidad. En efecto, después de una sesión maratónica de 23 horas seguidas, se aprobó el proyecto que reforma la educación superior del país. Esa iniciativa ingresó hace casi un año a esta corporación, pero fue tal el rechazo que generó que el Gobierno debió ingresar una indicación sustitutiva en abril de 2017. Por medio de esta, entre otros aspectos, se retiró del proyecto la regulación de las instituciones estatales, que fueron postergadas para otra iniciativa que acaba de ingresar al Congreso, y se reformuló el capítulo de acreditación de la calidad. Pese a ello, para asegurar la aprobación de la idea de legislar, el Gobierno tuvo que comprometerse a enviar el segundo semestre de este año un proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

La indicación sustitutiva no consiguió aplacar el rechazo de los expertos, parlamentarios e instituciones de educación superior. Así se desprende de las pocas sesiones que se realizaron para analizarlo en profundidad.

En rigor, nunca se hizo un esfuerzo serio para lograr una deliberación exhaustiva en un proyecto que necesita alcanzar importantes grados de acuerdo para consolidarse en el tiempo. El Gobierno finalmente decidió ponerle urgencia inmediata y presionar para la aprobación acelerada de un proyecto que aborda materias complejas y que propone iniciativas muy discutibles. Así, por ejemplo, el sistema de admisión quedó en manos de la futura Subsecretaría de Educación Superior, un organismo político, lo que no se da en ningún país conocido. Por otra parte, una institución que no se acredita por al menos cuatro años será intervenida, y el administrador provisional, que no tiene en principio ningún compromiso con ese proyecto educativo, tendrá un plazo de dos años para alcanzar los estándares definidos. En caso contrario, tendrá que cerrar. Esta situación representa una violación flagrante de la autonomía universitaria.

Un ejemplo adicional: todas las instituciones tendrán que acreditarse en investigación, incluidos los institutos profesionales. Pero la acreditación en este ámbito de todas las universidades en un sistema masivo es discutible (el 75 por ciento de las universidades en Iberoamérica tienen menos de 20 investigaciones anuales, es decir, podrían no ser susceptibles de acreditación en Chile). Por otra parte, se introdujeron y aprobaron algunas indicaciones que son inconstitucionales. La más evidente es el artículo que obliga a terminar el Crédito con Aval del Estado en enero de 2019. Es incomprensible que la comisión de Educación y también el Gobierno se hayan prestado para esta situación. No hay posibilidad de recuperar la alicaída confianza en la política con este tipo de actuaciones. Es de esperar que en las siguientes instancias -el proyecto se discutirá ahora en la comisión de Hacienda de la Cámara- se realice una labor de mayor calidad.