Señor Director:

Hoy, la Comisión de Transportes de la Cámara votará la existencia de un registro público de evasores del Transantiago, en el marco del proyecto contra la evasión.

Un sistema de transporte público no se sostiene financiera ni socialmente con los actuales niveles de evasión. Por un lado, se corre el riesgo de un déficit que obligue a aumentar los subsidios públicos o el precio del pasaje, sin que esto signifique una mejora. Por otro lado, si no se cumple la responsabilidad compartida, se rompe el pacto social y se abre el incentivo a evadir, lo que haría colapsar el sistema. Por esto, nos parece correcto tomar medidas para evitar la evasión, pero primero debemos tener un buen diagnóstico.

Podemos distinguir dos grandes grupos de evasores: crónicos (buscan no pagar el pasaje) y circunstanciales (no pagan por descuido). De los crónicos, están quienes por su situación socioeconómica tienen dificultades grandes para pagar el pasaje (desempleados, adultos mayores, etcétera), como también quienes, teniendo los recursos, no cancelan el pasaje. Este último caso es el que más rabia genera entre los millones que con muchísimo esfuerzo pagan su pasaje y contra quienes las medidas de evasión deberían estar dirigidas.

Pero un fin (evitar y sancionar la evasión) no puede justificar todos los medios. Lamentablemente, el Gobierno está tomando dos polémicas decisiones. Primero, tratar todos los casos de evasión por igual, sin hacerse cargo del fenómeno. Segundo, establecer un registro público de evasores que, además de ser desproporcionado como medida sancionatoria, podría condenar a un ciclo de pobreza sin retorno a quienes menos tienen.

Lamentamos el doble estándar del Gobierno que, frente a la posibilidad de que el Ministerio Público pueda perseguir delitos tributarios, defiende ese "secreto", pero a quienes, por distintas circunstancias, no hayan pagado su pasaje, propone condenar a un Dicom que dificultará su búsqueda de trabajo.

Hacemos un llamado a la Presidenta para que no empuje una ley de cuyas consecuencias podamos arrepentirnos, y acoja la unánime recomendación del Consejo para la Transparencia, para que el registro sea exclusivamente para la cobranza de multas y no sea de acceso público.

Giorgio Jackson Drago
Diputado miembro de la Comisión de Transportes