Mucho se habla de los servicios mínimos y del supuesto "impacto" que tendrán en las 1.200 negociaciones colectivas que se registrarán este año bajo la nueva ley laboral. El establecimiento de los servicios mínimos es visto como la antesala a la huelga, el dolor de cabeza de los ejecutivos y una gran bola de nieve que se aproxima. Son todos conceptos que flotan en la superficie, pero que no se sumergen en la profundidad. Porque creer que el conflicto está en esta arista es no entender lo medular: la huelga efectiva.
Los servicios mínimos se refieren al número estrictamente necesario de personas que requiere una empresa durante una huelga para proteger sus bienes, infraestructura e instalaciones, resguardar la seguridad y prevenir accidentes. A su vez, garantizan los servicios de utilidad pública a la comunidad, la atención de las necesidades básicas de la población y la prevención de los daños ambientales y sanitarios.
El problema radica en la percepción que existe en torno a este concepto. Muchos creen que se trata de establecer lo básico para seguir produciendo o no detener las faenas. Nada más errado, porque de eso precisamente se trata una huelga y es lo que la ley hoy legitima. Podría ser comparable a los protocolos o medidas para enfrentar un incendio o un desastre como un
tsunami.
Tal como la nueva norma lo exige, varias semanas antes de la negociación colectiva la administración y los trabajadores deben determinar cuáles serán los servicios mínimos. Esa tarea, que debiese ser relativamente simple, termina siendo dirimida por la Dirección del Trabajo, porque el desacuerdo es evidente: empresa y sindicatos exageran. ¿En qué termina transformándose este proceso previo a la negociación? En un preconflicto, absolutamente artificial, por lo demás. Tiene efectos destructivos, porque algo que está pensado como una "herramienta de diálogo" termina subiendo la temperatura del conflicto, mucho antes que comience la negociación.
En nuestros 17 años premiando a las empresas chilenas con mejores prácticas laborales hemos observado que ellas se toman en serio los procesos de negociación y, por supuesto, la determinación de servicios mínimos. Y esa labor no se hace a última hora. Una de las buenas prácticas de esas empresas es precisamente haber establecido relaciones permanentes y consistentes en el tiempo entre la administración y los sindicatos, y no solo antes de enfrentar una negociación colectiva.
Los servicios mínimos son el más mínimo de los problemas que enfrenta Chile a nivel laboral. El mayor de todos es la miopía reactiva. Esa imposibilidad de ver con nitidez un problema que tenemos a centímetros de distancia y que otros países ya están enfrentando con decisión: la irrupción desatada de la robótica y la tecnología; la promoción del trabajo en las mujeres; buscar fórmulas para encantar (y entender laboralmente) a los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo, y fundamentalmente empujar a las empresas a tener una visión moderna, poniendo al trabajador en el centro de la actividad. A eso podríamos llamar "servicios máximos". Y no están en ninguna ley.
María Isabel Vial