Los países que avanzan en la senda del desarrollo son aquellos que se adaptan a los cambios que ocurren en su entorno, formando nuevas capacidades en su fuerza de trabajo, consolidando sus instituciones y emprendiendo actividades productivas más sofisticadas. Estos procesos están estrechamente entrelazados entre sí y constituyen la transformación estructural de las economías, que sustenta mayores niveles de ingreso y de calidad de vida. En contraste, la trampa del ingreso medio, con la resultante baja en el crecimiento, se produce cuando se traba la gobernanza de la transformación estructural. Precisamente, ahí nos encontramos.

El dinamismo de esta transformación depende de las circunstancias y de los eventos ocurridos en la economía y en la sociedad en el pasado reciente. En este sentido, una consecuencia imprevista de la abundancia que disfrutamos durante el súper ciclo de las materias primas fue la gran oferta de atajos en el camino al desarrollo, lo cual deterioró nuestra capacidad de sostener la transformación estructural, sin que ninguno de los gobiernos de este período reaccionara a tiempo ante este fenómeno.

La capacidad de concretar la transformación estructural es el eje del desarrollo. Es un proceso lento, tiene inercias, y cuando se traba cuesta mucho volver a ponerlo en marcha. Chile dejó atrás la ventaja competitiva de los salarios bajos, pero no tiene la sofisticación productiva que le permita sostener altos ingresos y ahora tampoco cuenta con los recursos que aportó el súper ciclo. El único camino que resuelve esta tensión es activar los procesos de transformación estructural.

Sin embargo, estos desafíos están fuera de los planteamientos que han hecho las candidaturas que aspiran a conducir el Gobierno. Las de la Nueva Mayoría tienen un enfoque de continuidad con las políticas económicas de la administración actual, agregando un impulso adicional a la inversión en infraestructura. El diagnóstico implícito pareciera ser que para retomar el crecimiento basta con aportar mayor estímulo a la demanda, especialmente de inversión.

Por su parte, las candidaturas de Chile Vamos han puesto el acento en el ambiente que enfrentan las decisiones de inversión de las empresas: "Se deben sacar las piedras del camino", sin una inspección más profunda del Estado o de la dirección del camino mismo. Identificar los obstáculos no constituye una estrategia de desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, se olvida el vínculo que existe entre el reconocimiento de mayores derechos sociales y la transformación estructural que les da sustento, y sin la cual la oferta de nuevos derechos cae en la ilusión del populismo.

Se debe corregir esta omisión y poner la transformación estructural en la perspectiva de los candidatos, para lo que es necesario introducir una serie de elementos en el debate. El punto de partida es reconocer que estos procesos necesitan de fundamentos económicos sólidos, lo que incluye la estabilidad macroeconómica, la apertura a los mercados internacionales y el buen funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, esta es una condición necesaria, pero no suficiente para generar la transformación que el país requiere.

Es en este escenario que se debe poner en marcha una serie de iniciativas orientadas a facilitar la transformación estructural. La primera es la inversión en infraestructura, pero precisando que esta debe ser vista como un catalizador de la transformación productiva, en el sentido de que sean proyectos coherentes con los planes locales de desarrollo y que su efecto en la actividad logre incorporar a nuevos actores, territorios e inversiones a los mercados internos y externos.

Segundo, se deben organizar las capacidades de transformación que existen en las economías locales, donde los diversos actores (Gobierno central, regional, municipal y sector privado) mantienen iniciativas dispersas, sin coordinación y con una débil gobernanza. El impulso al desarrollo "desde las regiones" entre 2000 y 2008 perdió fuerza con la irrupción del súper ciclo, cuando los recursos se concentraron en el Gobierno central. Por su parte, las nuevas iniciativas de descentralización que se debaten en el Congreso tienen poco efecto en la transformación de las economías locales.

Un tercer proceso que puede aportar significativamente a la transformación estructural es la colaboración público-privada, que está presente en todos los casos exitosos de desarrollo. En las últimas décadas, esta relación ha atravesado por altos y bajos: fue muy beneficiosa durante la recuperación de la democracia, con Feliú y Agüero a la cabeza; luego decayó, a mediados de los 90, hasta que un presidente de la CPC le dijo a Lagos, "por favor, déjenos trabajar tranquilos". Posteriormente, se volvió a un ciclo de colaboración que se reflejó, entre otros hechos, en la incorporación de toda la plana superior de la Sofofa (Philippi, Claro y Concha) al Consejo Nacional de Innovación en 2005. Pero también esta fase decayó y se cortaron los puentes. En la actualidad, se trata de dos sectores que parecen más adversarios que socios del desarrollo de Chile.

Cuarto, conducir la transformación estructural utilizando solo los recursos e instrumentos que controla directamente el Gobierno, prescindiendo de lo que ocurre en el resto de la sociedad, es ineficaz e ineficiente, especialmente ahora que no están disponibles los recursos del súper ciclo. Deben ser las mismas personas, las organizaciones civiles y las empresas las que aporten en los procesos colectivos que conducen al desarrollo, para lo cual se necesita un esquema de gobernanza abierta.

En síntesis, para enfrentar las tensiones que vive el país se requiere activar los procesos de transformación estructural que conducen al desarrollo. El avance concreto en estas iniciativas es lo que permitiría mejorar las expectativas de los inversionistas, la confianza de la sociedad en las instituciones e incluso, la reputación de las empresas y del sector privado. Los programas de los candidatos debieran incorporar esta perspectiva.