¿Tiene Chile Vamos y su candidatura presidencial un ideario constitucional? La pregunta es válida, porque el proceso constituyente impulsado por el Gobierno languidece; no alcanzó nunca una adhesión ciudadana aceptable para llamársele tal, ni una precisión jurídico-política que justificara los retóricos y urgentes llamados oficialistas a la refundación normativa de Chile. Además, los tiempos político-legislativos no permiten soñar ni al más entusiasta de sus promotores que un acuerdo de la magnitud del necesario para una nueva Carta sea factible en el mediano plazo. Ello, pese al envío en abril pasado del proyecto de reforma al Capítulo XV de la Carta al Congreso por parte del Ejecutivo.

Con todo, Chile Vamos y las otras formaciones políticas que competirán en la próxima definición presidencial deben fijar su posición en la materia, en términos autónomos, propositivos y no reactivos. Y deben hacerlo pronto y más nítidamente, para un debate de opinión pública menos entregado a las tentaciones electorales que lo acogieron en el pasado.

El marco de circunstancias aconseja que la coalición de partidos de centroderecha -que aspira a volver al gobierno en breve plazo- tome inicialmente la palabra, sea para descartar alteraciones radicales en el orden constitucional, para proponer aquellas precisas que estima necesarias a la Carta actual o -quién sabe- para alguna otra fórmula distinta de las anteriores. En este ejercicio político ponderado de propuestas, si es ello lo que se desea formular, debiesen esos partidos asumir con más decisión una validación y defensa de las instituciones, derechos y principios de la Constitución vigente, que a su juicio han contribuido al progreso y modernización de la sociedad chilena durante casi tres décadas, y que son fruto de acuerdos y consensos estimables de todos los sectores representados en el Congreso.

En 2017 se cumplen cuatro años de consignas gubernamentales que vienen imputando, con excesiva desprolijidad, a la Carta vigente una responsabilidad en objetivos propios de política pública cuya causa no se ubica en preceptos constitucionales. Es tiempo de que la mera búsqueda de refrendar la legitimidad de la Carta Fundamental -como natural objetivo de cohesión política lanzado desde La Moneda- no se confunda ni se revista de supuestos fundamentos técnicos o institucionales que le son ajenos.

Como sea, la ciudadanía merece que hoy, a casi cuatro años de un diagnóstico constitucional coyunturalmente levantado por la Nueva Mayoría en 2013, y en medio de un proceso electoral en el cual las propuestas de la izquierda y la centroizquierda incluyen como una importante prioridad la dictación de una nueva Constitución, la coalición opositora -que, a la luz de las encuestas, tiene las mayores probabilidades de alcanzar La Moneda- defina y comunique con claridad su ideario constitucional.