El tema de los militares presos por torturas y crímenes durante el régimen militar evolucionó hasta convertirse en una persecución implacable de todos los que se supone comprometidos, ampliando en potencia ilimitadamente la noción de complicidad. La polémica se origina en la denegación de derecho humanitario a los condenados, muchos en condiciones patéticas, como sucede con tanto anciano. Le acompaña el problema derivado de que se hace referencia a hechos ocurridos hace más de 40 años, revividos por "ejercicios de memoria" después de décadas. Aquí no me refiero al papel del Poder Judicial. Los jueces harán lo suyo; en esta vida a cada uno su tarea.

Se trata de otra fuerza colectiva de cariz político, con aliento transnacional, que erróneamente traslada a Chile el esquema cultural de la experiencia con el Holocausto, tal como se le fue evaluando en las décadas que siguieron a 1945. Se afana por alcanzar una noción de justicia absoluta, metafísica, que asume en la práctica el principio sacrificial de culpabilidad colectiva. Extiende sus pinzas a los que eran jóvenes en instituciones que desde su remotísimo origen no pueden tolerar la indisciplina (acompañada de la responsabilidad de hecho y jurídica del jefe ante otras instancias), y además extrañamente enfocado de pronto, por acto de memoria, en oficiales que una vez retirados destacaron en la vida y servicio públicos, como Juan Emilio Cheyre y Cristián Labbé.

Se alega que por tratados internacionales los delitos memorizados serían imprescriptibles. Sin embargo, Chile solo firmó la convención respectiva en el 2009 y no debe haber aplicabilidad retroactiva. Sé que esto es algo formal, y no minimizo lo sucedido. Sin embargo, todas estas augustas convenciones -originadas en las democracias occidentales, jamás en un sistema totalitario- se invocan aquí desde la posición arrogante de quien ha vivido años de normalidad y prosperidad sin paralelo en la historia de Chile, pasando por alto que de seguírselas fielmente se imposibilitaría en el mundo todo proceso de paz, sin excepción posible. Todavía habría asesinato cotidiano en Irlanda del Norte por citar un caso; en Siria habrá que esperar a quién sea el sátrapa sobreviviente aferrado a los últimos jirones de poder. En Chile, en su origen hubo una crisis nacional no provocada por los uniformados (aunque sí rematada por ellos); para comprenderla de un plumazo aconsejo leer la declaración de la Cámara del 22 de agosto de 1973 y la respuesta de Salvador Allende días después.

No se trata de proteger solo a un bando. Nunca fui precisamente un apologista del Muro de Berlín, aunque no quita que encuentre una hipocresía e injusticia mayúsculas que los soldados que dispararon y mataron a fugitivos hayan terminado en prisión, mientras que Honecker vino a morir pacíficamente a Chile. La República Federal, como auténtico Estado de Derecho, lo liberó por enfermedad terminal. Lo mismo diría si algún día colapsa el régimen de los Castro (y no le siguieran otros castritos) y se comenzara a enjuiciar a los que entonces eran jóvenes combatientes del ejército castrista en la sangrienta guerra civil con los anticastristas a comienzos de los 1960 por los miles de desaparecidos y/o ejecutados, de número incierto. No habría verdadera paz entre las diversas Cubas que existen, no sería sensato.

¿Habría una lección? El que el paso del enfrentamiento a la paz nunca es perfecto; sobre todo, que una rígida imprescriptibilidad -que solo se ha aplicado a los países pequeños, no a GULAG por ejemplo- haría imposible cualquier pacificación en un mundo que no está escaso de conflictos.