La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, conocida como Comisión Ingresa, fue creada en 2005 por la Ley 20.027, la misma que dio vida al Crédito con Aval del Estado (CAE). Por entonces gobernaba el país el Presidente Ricardo Lagos, y los titulares de los ministerios de Hacienda y de Educación eran Nicolás Eyzaguirre y Sergio Bitar, respectivamente.

El tiempo ha demostrado que la implementación del CAE representa un gran error histórico, pues se ha traducido, por una parte, en una compleja carga económica para miles de familias socioeconómicas vulnerables que aspiran a mejorar la situación de sus hijos a través de la educación. Y, por otro lado, ha permitido a la banca hacerse de un crédito que resulta vergonzosamente lucrativo.

Nuestra preocupación como universidad estatal y pública no solo se centra en la formación de excelencia que nos proponemos entregar a nuestros estudiantes. También en las posibilidades de acceso de aquellos jóvenes que en muchos casos se transforman en los primeros integrantes de sus familias en acceder a la educación superior.

Según datos publicados por la Comisión Ingresa, que tiene un carácter público y autónomo, desde la primera asignación del CAE, en 2006, son 808.366 los estudiantes que han recurrido a este mecanismo para financiar sus estudios.

Si bien hoy vivimos el segundo año del proceso de gratuidad, lo que ha permitido que miles de jóvenes accedan a una educación sin recurrir al endeudamiento, también están aquellos que continúan dependiendo del CAE, tanto por las deudas acumuladas como por las futuras cuotas pactadas.

Nadie puede quedar indiferente ante el agobio de los estudiantes y sus familias, por esta deuda cuyos intereses los esquilman aún más. Por mi parte, comparto aquellas demandas que buscan poner fin, de una vez por todas, al endeudamiento asociado al acceso a la educación superior.

No olvidemos que hasta el año 2012 las cuotas que se pagaban por el CAE eran fijas y no en relación con los ingresos de los deudores. Fue entonces que se estableció una disminución del interés de un 6% a un 2%.

Nuestra propuesta es que el Estado, el mismo desde donde nació el cuestionado mecanismo del CAE, allane el camino para diseñar un sistema de pagos diferido respecto de la deuda acumulada, que permita a los estudiantes acceder a una renegociación, independiente de las cuotas que estén por venir.

Me parece que es un gesto que las autoridades estarían en condiciones de ofrecer. Mientras no podamos implementar nuestra aspiración de una educación pública gratuita en todos sus niveles, al menos debemos ser capaces de ofrecer alternativas. Estoy seguro de que entre todos los involucrados en este tema podemos llegar a acuerdos.

Ahora bien, otras serían las posibilidades si el país experimentara cambios estructurales de fondo. Qué duda cabe que recursos como los que se traspasan desde Codelco para el financiamiento de las Fuerzas Armadas tendrían un destino bastante más virtuoso en nuestro sistema educacional.

Por supuesto que celebramos el anuncio de la ministra de Educación de enviar al Congreso, durante el segundo semestre de este año, un proyecto de ley que ponga fin al CAE, y otro que lo reemplace por un sistema de financiamiento sin la participación de los bancos. Pero también hacemos un llamado a los protagonistas a aunar voluntades para que, a través del diálogo y acciones concretas, ofrezcamos soluciones a todos aquellos estudiantes y sus familias que requieren de nuestro apoyo.

Solo se requiere de una pizca de voluntad para dar paso a una renegociación de este crédito que duele y abochorna a Chile.

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile