Se ha dado a conocer que la suma total destinada al pago de las licencias médicas alcanzó el año pasado la exorbitante cifra de un billón de pesos (equivalente a más de US$ 1.600 millones), con un incremento -sin razón aparente- de 10% real respecto del año anterior. En este tema, que ha sido preocupación de todos los últimos gobiernos, se han detectado graves abusos y fraudes, por lo que se han aplicado medidas correctivas y se ha propuesto -por ejemplo, por parte de la comisión asesora presidencial que lideró el Dr. Juan Pablo Illanes en la administración pasada- una reestructuración legal profunda. Frustra constatar que esos esfuerzos han caído en el vacío y que la sangría de recursos continúa e incluso se acrecienta.

Las licencias médicas procuran compensar al trabajador enfermo por los días no trabajados con el 100% de su remuneración, sujeta al tope imponible. La norma actual establece un período de carencia de tres días que aplica solo para las licencias de hasta diez días. Su financiamiento recae ya sea en Fonasa o en la correspondiente isapre, según la afiliación del trabajador beneficiario, y proviene por tanto de las cotizaciones obligatorias de salud, equivalentes al 7% del sueldo imponible.

Dos son las principales consecuencias del uso excesivo o abusivo de licencias médicas. Por una parte, implica que una proporción importante de la fuerza laboral se ausenta del trabajo, sin un verdadero motivo de salud, con el consiguiente detrimento de la productividad. En 2016, se tramitaron dos y medio millones de licencias. Por otra parte, su financiamiento resta recursos que de otro modo solventarían una mejor atención de salud. Para las isapres, el gasto en licencias médicas es un factor que encarece sus planes o deteriora la calidad de las prestaciones ofrecidas. En el caso del Fonasa, el gasto se cubre en parte con un elevado aporte fiscal, el que en 2016 representó un desembolso de alrededor de US$ 1.000 millones, anotando una inexplicable expansión de 13,5% real respecto del año anterior.

Es esperable que a medida que aumentan los ingresos de los trabajadores, también suba el gasto en licencias médicas. Pero el incremento observado ha ido mucho más allá. Se estima que más de la mitad obedece a abusos o fraudes, en los que -ya sea por interés económico o con el buen propósito de resolver algún problema puntual del beneficiario- hay profesionales de la salud que se prestan para extender licencias injustificadas.

Para desterrar esta mala práctica se ha intentado reforzar la fiscalización a los trabajadores licenciados y a los médicos que realizan las comisiones revisoras regionales (los llamados Compin). Por ejemplo, se ha promovido el otorgamiento de licencias bajo formato electrónico, que facilita su inspección por parte de la autoridad. Pero el avance en la materia ha sido lento: más de la mitad de ellas son todavía manuscritas. La comisión presidencial antes aludida hizo recomendaciones más sustanciales: la separación de la cotización que va propiamente a la atención de salud de aquella que financia las licencias médicas, la creación de un seguro de incapacidad laboral temporal o permanente (semejante al de cesantía) y la fijación de dos días de carencia para toda licencia, eliminando el incentivo hoy existente para prolongarlas injustificadamente por sobre los 10 días, con los correspondientes costos.

En los últimos años el país se ha escandalizado justificadamente por ciertas prácticas empresariales -algunas de ellas constitutivas de delito- y ha existido un importante debate público sobre cómo evitarlas. Igual escrutinio debemos aplicar a otras conductas igual o más masivas, en cuanto al número de personas involucradas y al monto del perjuicio fiscal causado, como es la extendida práctica entre algunos trabajadores y médicos de extraer injustificadamente el beneficio de las licencias médicas en perjuicio del resto de la sociedad. He aquí una tarea pendiente que los programas de gobierno de las candidaturas en pugna deberían abordar con urgencia.