Señor Director:

Jaime Ravinet nos reprocha, a mí y a muchos jueces, desconocer que la exigencia de "obediencia reflexiva" recién fue introducida -a propuesta suya- el año 2006. Hasta entonces, sostiene, "a los militares solo les cabía cumplir las órdenes en forma absoluta", de modo que no podría haberse esperado del teniente Cheyre en 1973 que observase obediencia reflexiva. Así, sancionar hoy a un militar que durante la dictadura cumplió órdenes antijurídicas, sin haber representado previamente a su superior este defecto de la orden, suspendiendo además su cumplimiento (en eso consiste la "obediencia reflexiva" como causa de exculpación en materia penal), sería algo así como una aplicación retroactiva de una exigencia que entonces no estaba vigente.

Pero lo cierto es que el ex ministro Ravinet se equivoca -y, de paso, exagera la novedad de la reforma que propuso en 2006-, pues la exigencia de obediencia reflexiva está establecida en el artículo 335 del Código de Justicia Militar a lo menos desde 1944. Debe celebrarse que él haya promovido que la Ordenanza General del Ejército la recogiese y -mejor aún- que Cheyre la haya hecho doctrina en la formación de los nuevos oficiales y soldados. Pero los tribunales desde luego pueden reprochar a quienes en 1973 no observaron obediencia reflexiva frente a órdenes que tendían notoriamente a la perpetración de un delito. Si fuese cierto que con ello se exponían a ser fusilados, es algo que puede disminuir (en casos extremos, excluir) su culpabilidad. Los tribunales tendrán que evaluar si esa alegación es creíble.

Por último, es difícil negar que la comitiva de Arellano Stark se sirvió objetivamente de la asistencia de los oficiales y soldados del regimiento -incluso, desempeñando sus labores ordinarias- para cumplir más eficientemente su misión. Si acaso Cheyre supo o no en qué consistía esa misión lo deben resolver los tribunales, es verdad. Pero que sea "gratuito" y "aventurado" suponer que sí lo supo (considerando su papel de único asistente directo de Lapostol) y no, en cambio, afirmar categóricamente que solo se enteró después de los fusilamientos, parece algo arbitrario.

Jaime Couso
Profesor titular de Derecho Penal, UDP