Difícil es valorizar la profundidad de la pérdida de la confianza ciudadana en Carabineros. Gravísimo es el daño al erario fiscal causado por la multimillonaria malversación de caudales públicos, la mayor de la historia según la fiscalía, provocada por una red de funcionarios de la policía uniformada.

El control de daños debe comenzar por reforzar la motivación y el reconocimiento a las decenas de miles de meritorios y sacrificados servidores del orden y seguridad pública, totalmente ajenos a estos lamentables acontecimientos. Esa es la primera prioridad.

Paralelamente, corresponde avanzar en las investigaciones sobre las responsabilidades personales y causas de las fallas en los controles para adoptar las medidas reparatorias y correctivas, las sanciones de rigor y la recuperación del patrimonio fiscal apropiado indebidamente.

Carabineros, por décadas, ha acumulado un elevado prestigio de integridad, eficacia y un altamente reconocido espíritu de servicio a la comunidad que le ha permitido ser admirado como una, si no la primera, de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Esa valiosísima fe pública está en riesgo por la participación delictual de un grupo de funcionarios de la policía uniformada en una invaluable defraudación material y moral.

Reconstituir la confianza ciudadana y de sus integrantes en la institución policial y en sus mandos puede o no tardar mucho tiempo: la superación dependerá de las medidas correctivas que se adopten.

No basta con las severas sanciones, algunas prontamente decretadas por el general director. Tampoco serán suficientes las futuras condenas judiciales para restablecer el acervo amagado. Será indispensable reformular la organización administrativa y financiera, la contratación, capacitación, selección, desvinculación, gestión y vigilancia del personal y la fiscalización de sus bienes y transacciones financieras; contemplar nuevos mecanismos de denuncia, incluyendo las anónimas; configurar modernas matrices de riesgos operativos; asegurar la aplicación de las buenas prácticas y del código de ética; establecer adecuadas y exigentes medidas preventivas, y revisar y actualizar los controles internos y las reglamentaciones de la responsabilidad de los mandos superiores. No debería descartarse la contratación de expertos en organización y control y o solicitar la asesoría y consultoría de policías extranjeras.

Los controles externos también deben ser revisados. Parece asimismo estar comprometida la eficacia de la Contraloría General de la República en la información y detección de las irregularidades; de la Unidad de Análisis Financiero para detectar el lavado y blanqueo de activos y de la Dirección de Presupuestos en la disposición de los recursos. Todas estas reparticiones cuentan con facultades y obligaciones sobre las normativas y procesos relativos a la gestión, auditoría, disposición y fiscalización de los fondos públicos.

Inexplicable es que la primera pista y denuncia proviniera de una modesta transacción de un banco con limitada presencia en el mercado financiero, cuando los montos de la malversación suman miles de millones intermediados en el sistema financiero.

Impactantes son los elevadísimos montos, el extenso tiempo y el número de los involucrados, que ya se cuentan por decenas y pueden aumentar. Se incluye a funcionarios de los más altos a los más bajos rangos, un general y un coronel y seis tenientes coroneles, entre los que operaron en la ilicitud y durante casi una década sin ser detectados. Los fraudes fiscales se estiman en alrededor de 22 millones de dólares y pueden incrementarse significativamente y más allá de duplicarse.

Todo indica que las unidades encargadas de la contabilidad y de los asuntos y controles internos fueron inoperantes y que han perdido jerarquía: debe restablecerse su autoridad e importancia. Lo mismo podría ser válido para las instituciones de la defensa. Situaciones semejantes no ocurrían cuando las inspectorías tenían los mayores poderes y reconocimientos.