Señor Director:

Durante el gobierno de Sebastián Piñera se ingresaron cuatro proyectos de ley en torno a educación superior: el primero (ingresado el 26/9/2011) contemplaba una reforma constitucional que reconocía un sistema de provisión mixta de educación. El segundo (ingresado el 10/11/2011) creaba una Superintendencia de Educación Superior y modificaba la Ley de Aseguramiento de la Calidad. El tercero (ingresado el 4/6/2012) homologaba las condiciones del Crédito con Aval del Estado a las del Fondo Solidario. El cuarto proyecto (ingresado 8/1/2013) modificaba la institucionalidad de acreditación y establecía la obligatoriedad de estos procesos.

Al asumir la Presidenta Bachelet, su gobierno retiró, en marzo de 2014, tres de los cuatro proyectos -dejando solo el tercero-, con el argumento de que se requería "una reforma educacional integral y estructural", lo que los proyectos del gobierno de Piñera no cumplían. Estamos de acuerdo. Sin embargo, desde el ingreso de la reforma a la educación superior durante 2016 hasta la presentación de las recientes indicaciones no hemos visto reflejada esa voluntad de transformación en sus propuestas, dejando un vacío en los anhelos de los estudiantes y familias que creían en una reforma más audaz, innovadora y ambiciosa. En cambio, la reforma del actual gobierno representa, en gran parte, no más que un reciclaje de los proyectos del gobierno anterior. Sin considerar, además, que aún seguimos a la espera de que finalmente el CAE pueda ser removido, dejando respirar a miles de familias que viven bajo una fuerte e injusta presión financiera para costear la educación de sus hijos.

Esperamos que el Gobierno aproveche sus últimos meses en replantearse una reforma que puede cambiar la vida de muchas familias y corregir el titubeante camino que ha recorrido el sistema desde las reformas en dictadura, permitiendo nuevas oportunidades para el desarrollo de las instituciones y una matrícula diversa y equitativa. De lo contrario, podría volver a manos de un sector -el de Sebastián Piñera-, que ya expresó su rechazo a seguir avanzando en una educación concebida como derecho social. El Gobierno aún está a tiempo de alcanzar un acuerdo amplio que no les cierre la puerta a los movimientos sociales y la ciudadanía. De ellos depende abrirla. Seguimos esperando.

Sofía Barahona Mena
Presidenta FEUC