Señor Director:

Es llamativo que en el reciente debate entre los diputados de la Comisión de Educación a favor o en contra de la idea de legislar la reforma a la educación superior, ninguno hiciera mención al nuevo modelo de financiamiento público.

No es la creación de la Subsecretaría o la Superintendencia, o las modificaciones a la ley sobre acreditación ni el tema del CAE, con el que el proyecto altera las bases fundantes del sistema, en especial respecto de las universidades. No, la esencia del modelo chileno es la libertad que tienen las instituciones para fijar la estructura de aranceles de matrícula sin tutelas de ninguna especie y la libre participación no estatal en la oferta de carreras.

Lo que el proyecto hace es someter, en especial a las universidades no estatales acreditadas por su calidad y con vocación pública dentro y fuera del CRUCh, a un control absoluto sobre las fuentes de financiamiento del pregrado. En efecto, para aquella parte del financiamiento de los estudiantes con gratuidad, el proyecto dice que la nueva Subsecretaría decidirá los aranceles regulados en base a las recomendaciones de un panel de expertos, pero cuyas advertencias no serán vinculantes. Preocupante.

Y en la transición a la gratuidad universal se establece que las universidades adscritas no tendrán libertad para fijar los aranceles para los alumnos sin gratuidad, y deberán regirse por lo que la Subsecretaría determine. Más preocupante aún. Es decir, en ambos casos, el juego político decidirá la cuantía de los ingresos por aranceles que reciben estas universidades y que financian el grueso de sus proyectos académicos.

Estando todos de acuerdo en que no deben existir barreras al acceso para los sectores vulnerables y la gratuidad es un instrumento como han sido hasta ahora las estigmatizadas becas, nada justifica que se conculque tan severamente la libertad institucional.

La radical reforma en materia de financiamiento a los estudiantes redibuja el modelo actual y levanta un obstáculo insalvable en un proyecto de ley con innovaciones necesarias. En este ámbito es una mala reforma; constituye una seria amenaza a la autonomía y perjudicará fatalmente la calidad.

Carlos Williamson
Investigador Clapes UC