Algunos de los casos penales que causaron más revuelo en los últimos años han alcanzado ahora, o están próximos a alcanzar, una etapa en la que se verá hasta qué punto se encuentra justificada la gran cantidad de recursos destinados a su persecución. Los casos Penta, SQM, Corpesca y OAS, entre otros, han significado la dedicación exclusiva o prioritaria de decenas de funcionarios de la Fiscalía y de otros organismos públicos, todos altamente calificados, por lo que resulta razonable exigir a tales entidades una evaluación de los recursos que ya han aplicado y de los que se proponen destinar para esta etapa final.

Desde el punto de vista de su efecto en la percepción pública sobre el funcionamiento del Estado y la política, el balance no es unívoco. Por una parte, es positivo que estas investigaciones hayan puesto sobre el tapete una serie de malas prácticas ampliamente extendidas en el financiamiento de la actividad política. Pero, por otro lado, parece discutible que todas o siquiera la mayoría de ellas sean constitutivas de delitos tributarios o, si se quiere, que su persecución por la vía penal -hay que recordar que esta vía es solo una opción más para el Servicio de Impuestos Internos- haya sido consistente con el tratamiento que se había dado a las mismas conductas en el pasado. En la misma línea, la imputación de delitos de cohecho sin la identificación convincente de contraprestaciones por parte del funcionario también lleva la intervención penal, en el mejor de los casos, al límite de lo que se consideraba permitido.

Una de las grandes interrogantes es si el combate de estas malas prácticas, que es la buena noticia, exigía la utilización del instrumento penal con todos los efectos negativos que ello tiene para los afectados por las investigaciones, sobre la imagen de la política y, de paso, también para el propio derecho penal, cuya fuerza se debilita cuando se persiguen hechos cuyo carácter delictivo es dudoso. Los efectos deletéreos sobre la actividad política están a la vista, al punto de que cualquier persona parece sentirse autorizada para descalificar a "los políticos" como corruptos y tramposos. Se trata de un diagnóstico simplista y falso, pero que en algunos casos se ha visto fomentado por la dinámica que se ha impuesto en las audiencias de formalización de las investigaciones penales, donde los entes públicos realizan con gran vehemencia acusaciones que solo una investigación ya acabada podría respaldar.

Un especial trabajo de evaluación corresponderá realizar a la Fiscalía, tanto por los recursos dedicados a la investigación de estas causas como por su prolongada duración. Todo indica que la tramitación de cualquier causa de relativa complejidad está tardando del orden de cuatro años en resolverse. Aunque no es una duración extrema, debería encender desde ya algunas alarmas para adoptar a tiempo las medidas correctivas. También puede haber llegado el momento de evaluar la funcionalidad y eficacia de las fiscalías de alta complejidad, reparticiones a cargo de un menor volumen de causas, lo que permite una mejor atención y dedicación. Al menos en Santiago, estas fiscalías se caracterizan porque concentran los delitos económicos y funcionarios de mayor interés para la élite. Cabe preguntarse, sin embargo, si la complejidad depende de la materia -la investigación de una red de pornografía infantil puede ser altamente compleja-, y si no se afectan indebidamente las aspiraciones profesionales de los fiscales al "descremar" los ingresos de esta manera.