Señor Director:

El Ejecutivo acaba de ingresar un proyecto de ley para actualizar la protección de datos personales en Chile, regulación que supone un paso en la dirección correcta. Es un texto omnicomprensivo que ajustará la legislación en línea con los estándares comparados en esta materia y las nuevas tecnologías. La iniciativa conlleva un avance significativo en la consagración de los derechos de las personas, tales como el de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tratamiento de datos (conocidos como derechos ARCO).

Sin embargo, para el Consejo para la Transparencia (CPLT) es motivo de preocupación la institucionalidad propuesta. Se decide crear una Agencia de Protección de Datos Personales, servicio público descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su máximo representante es nombrado por el Jefe de Estado conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Dicha autoridad de control no satisface los estándares internacionales de independencia. En efecto, la dirección de una institución de esta naturaleza no debe ser susceptible a la instrucción o influencia externa, tal como se exige en el ámbito europeo. Dada su posición dentro de la administración, genera dudas que esta agencia pueda ejercer sus atribuciones eficazmente respecto de otros órganos públicos.

Adicionalmente, el diseño institucional conlleva una asimetría de garantías entre los sectores privado y público. Mientras que en el primero la agencia conoce del procedimiento de tutela de derechos de los titulares de datos, en el sector público los afectados deberán reclamar de ilegalidad ante la justicia, requiriendo el patrocinio de un abogado, con el costo que ello implica.

Parece inevitable que la agencia entre en discrepancias con el CPLT en la interpretación del alcance del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. La solución que se propone -una mera coordinación regulatoria entre ambas instituciones- es insuficiente. Para precaver conflictos, países como Inglaterra y México han consolidado ambas materias en un solo órgano autónomo, que dé garantías de su imparcialidad.

José Luis Santa María Zañartu
Presidente
Vivianne Blanlot Soza
Jorge Jaraquemada
Roblero Marcelo
Drago Aguirre
Consejeros Consejo para la Transparencia