Dotar de mayor contenido un debate educacional en que han prevalecido los prejuicios ideológicos y los intereses es fundamental para impulsar una verdadera mejora de nuestro sistema de educación superior. Lamentablemente, aún no está del todo claro cómo procederá el Gobierno en esta materia. El proyecto que envió suscitó un rechazo transversal y los esfuerzos que han realizado las autoridades para alcanzar acuerdos no parecen haber rendido frutos. En las últimas semanas ha tomado cuerpo la idea de que se enviará un proyecto complementario para abordar la educación superior de carácter estatal, particularmente la universitaria. No sería raro que la tramitación de este proyecto disminuya las posibilidades de que avance y se perfeccione el proyecto original sobre educación superior, postergando una vez más una discusión legislativa seria y profunda sobre una materia de la mayor importancia.

En una columna en "El Mercurio", el ex ministro y experto en educación José Joaquín Brunner plantea la conveniencia de retomar el debate en torno a cuatro ejes. En primer lugar, establecer un sistema más apropiado de aseguramiento de la calidad sobre la base de una agencia pública independiente y cuyas decisiones estén guiadas por una evaluación de pares. El sistema de educación superior puede ser heterogéneo en las misiones de sus instituciones, pero no debiera serlo en su calidad. En el proyecto de ley, en lugar de una agencia pública independiente, se promueve un servicio público, modelo que, en general, no se observa en la experiencia internacional. Al mismo tiempo, se promueve un aseguramiento de la calidad en función del alcance que tendría la investigación realizada al interior de cada institución, algo que carece de sentido en un sistema heterogéneo.

Un segundo eje que identifica Brunner es asegurar una mayor diversidad de programas. En la experiencia internacional toman cada vez más importancia los grados académicos que se obtienen después de un ciclo corto en la universidad. En cambio, en Chile los ciclos son relativamente largos y la duración efectiva, aun mayor. Ello encarece la formación promedio de los jóvenes sin que tenga un correlato equivalente en inserción y desempeño en el mercado laboral. Habría que agregar que un buen diseño de los sistemas de ayudas estudiantiles es indispensable para promover una mayor diversidad de programas formativos en la educación superior.

Tercero, Brunner también aboga por la mantención de un sistema mixto de provisión y financiamiento de la educación superior acordando un régimen público de regulaciones. Se ha exagerado, a su parecer, la oposición entre el carácter estatal y privado de las instituciones. Para ser consistente con esta visión, es importante que las políticas de financiamiento de los estudiantes no los discriminen en función del régimen jurídico de la institución que eligen. Asimismo, el financiamiento a la investigación debería estar orientado por la calidad de la actividad científica y tecnológica que desarrollan los investigadores de cada institución, sin perjuicio de que puedan existir apoyos específicos para fortalecer universidades estatales y permitirles que alcancen los estándares de calidad deseados. Al delinear el financiamiento, es importante recordar que el gasto total en educación superior como porcentaje del PIB en Chile es del orden de 2,5 por ciento, y menos del 40 por ciento de este esfuerzo es financiado por el Estado. Es difícil pensar que todo el gasto privado se pueda reemplazar por recursos públicos como aspira la política de gratuidad universal y que ello no afecte el desarrollo futuro del sistema de educación superior, particularmente la inversión en investigación y desarrollo que se encuentra muy rezagada.

Por último, un cuarto y último eje orientador apunta a definir una gobernanza apropiada para el sistema de educación superior. La propuesta en el proyecto no solo es confusa, sino que también pone en riesgo la autonomía de las instituciones y supone un involucramiento mayor de la autoridad política en la guía del sistema. Sin embargo, la tendencia desde hace tiempo en el mundo entero apunta a resguardar la autonomía, descentralizar la toma de decisiones en las propias instituciones y dejar que ellas se desarrollen en función de las misiones que han acordado para sí mismas. La regulación debe ser diseñada resguardando esta posibilidad. En torno a estas cuatro dimensiones, parece razonable alcanzar un acuerdo que permita proyectar el sistema de educación superior para las próximas décadas.