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Cartas
Jueves 16 de marzo de 2017
U. Católica y la demanda al Estado de Chile
En días pasados, en este medio, fuimos testigos de una sorprendente y auspiciosa noticia: "Gobierno le pidió a la Universidad Católica suspender demanda por no pago del Aporte Fiscal Indirecto". El rector Sánchez, a su vez, en un comunicado interno planteó "...nuestro interés prioritario al interponer esta acción es que se reconozca la ilegalidad existente al eliminar este aporte". Y el rector tiene toda la razón.
En la tramitación de la Ley de Presupuestos llamó profundamente la atención que los integrantes del Poder Legislativo no le hayan hecho ver a las autoridades responsables de la elaboración del mismo la grave omisión de eliminar la glosa de asignación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Sencillamente la hicieron desaparecer.
Todo funcionario público, cualquiera sea su rango y responsabilidad, solo puede hacer lo que expresamente mandate la ley. En este caso, el DFL N°4 de 1981, en su Título I y, específicamente, en su artículo 3°, es perentorio en el mandato a asignar recursos para el AFI.
Dicho artículo dice textual: "Sin perjuicio del aporte referido en el artículo anterior, el Estado otorgará a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por aquel como instituciones de educación superior, anualmente un aporte fiscal indirecto, el que será distribuido de la siguiente forma: (...)".
Es decir, la autoridad no tiene otra posibilidad que asignar los recursos, aunque no lo quiera, no le guste, o no lo considere apropiado.
No asignarlo fue un incumplimiento grave de los deberes del cargo y los fijados específicamente por el DFL mencionado. Lo anterior pudo ser atribuible a un olvido o a un descuido, lo que ya es grave. Pero más grave es aún, que, por la vía de los hechos, haya derogado una ley vigente, concretando la supresión del Aporte Fiscal Indirecto, logrando con ello efectuar una maniobra intencionada de no cumplir este año el mandato legal que le corresponde, dejando el ítem sin financiamiento y sin disponibilidad presupuestaria.
Los parlamentarios debieron exigir la corrección de esta "extraña" omisión, pero no lo hicieron, obligando a la Pontificia Universidad Católica de Chile a demandar al Estado.
Sin embargo, es auspiciosa la solicitud de suspensión temporal de la demanda que efectuó el Ministerio del Interior a la PUC, llamándola, aparentemente, a lograr un acuerdo extrajudicial. Y es favorable, porque la autoridad pública efectivamente estaría reconociendo que cometió un error que debe ser reparado.
La batalla judicial que ha emprendido la casa de estudios superiores es mucho más significativa y trascendente que los $1.600 millones que ha planteado el rector que se le adeuda; es una batalla de principios, un llamado a la autoridad a no pasar a llevar la legislación vigente. En definitiva, un llamado a restituir el imperio del derecho.
Las universidades privadas que no formamos parte del Consejo de Rectores y que sí tenemos acceso al Aporte Fiscal Indirecto estamos expectantes de los resultados de la negociación a la que se ha llamado a la universidad, ya que, si se restituyen los recursos adeudados, la autoridad política tendrá que hacer extensivo dicho acuerdo al resto de las instituciones privadas que no integran el Cruch. En cifras del año pasado son al menos $3.000 millones, que en estricto derecho les corresponden. Y esto es así no solo por los sólidos argumentos jurídicos ya comentados, sino que, a su vez, se agrega otro, que la autoridad política no puede escabullir: el principio de igualdad ante la ley, que en este caso es evidente.
Si este llamado a lograr un acuerdo extrajudicial se transformase en una simple negociación bilateral, todo el valiente esfuerzo que ha realizado la Universidad Católica se esfumaría y se convertiría, por un lado, en una simple negociación económica entre las partes, perdiendo esa universidad la oportunidad histórica de hacer una defensa global de principios, que en este caso han sido vulnerados, y, por otro, la autoridad gubernamental, por dar solución parcial a una universidad en particular -que claramente le provoca un serio ruido político-, quedará expuesta a que otras instituciones recurran asimismo a los tribunales para velar que sus derechos también les sean restituidos.
Lo razonable y prudente, entonces, es que la opción que encuentre el Ministerio del Interior sea con una mirada integral del problema y entregue, consecuentemente, una solución global. Es sano para la convivencia; es sano para el país.
Rubén Covarrubias Giordano
Rector Universidad Mayor