Nuestra campaña por la Presidencia comienza a parecerse a la de Estados Unidos: escasa de contenidos, pero abundante en descalificaciones personales, odios y acusaciones al voleo. Retornar a campañas basadas en el debate sobre proyectos para el país implicará -de llegar a haberlas- cruzar un sendero arduo y sinuoso.

Desde hace un tiempo, intelectuales de oposición examinan en forma crítica su acotada influencia en la batalla de las ideas en Chile. Varios de sus colegas de izquierda, en cambio, instalados en una supuesta superioridad intelectual, venían minimizando a los primeros sin sospechar que estaban pisando arenas movedizas. Esto lo deja hoy en evidencia el interesante documento "Por una convergencia de la izquierda para una coalición progresista", de Manuel Antonio Garretón y Carlos Ominami, bastante comentado estos días en el oficialismo.

Los autores exponen allí sin rodeos su visión del país, de la izquierda mundial y las perspectivas de la criolla. Para ellos, Chile se encuentra en una "crisis profunda" por culpa del modelo económico. El gobierno de Michelle Bachelet no logró ya sus objetivos por no haber convocado a plebiscito "a partir de una reforma constitucional" y no habérsela jugado por una Asamblea Constituyente. Según el texto, "la elección presidencial de 2017 ofrece una gran oportunidad para instalar el debate sobre un nuevo pacto constitucional", y debiera convertirse en "una suerte de plebiscito".

Ambos saludan la aparición de la "nueva izquierda" bajo el Frente Amplio, celebran su aporte a la profundización del capital ideológico del sector, pero le ven pocas posibilidades de superar un rol testimonial, convertirse en mayoría o llegar al poder. Ante esto proponen la "convergencia de las fuerzas de izquierda", que respaldó el secretario general del PS, y un pacto con "los progresistas de centro", entre los cuales figurarían miembros de la DC. Admiten, asimismo, que existe "una crisis muy profunda de la izquierda en el mundo", pues la Socialdemocracia europea "parece haberse empantanado en su decadencia", "los llamados gobiernos progresistas que dominaron durante los 90 en Europa fueron en su mayoría barridos", y "la izquierda clásica se está acabando y terminará en la marginalidad y la irrelevancia", a menos de que asuma los nuevos desafíos.

A los gobiernos latinoamericanos del denominado Socialismo Siglo XXI, si bien les reconocen avances en la lucha contra la pobreza, les critican haber fomentado el caudillismo, una integración más bien retórica y una disminución del comercio intrarregional. En su opinión, esos gobiernos tampoco supieron aprovechar la bonanza de los precios de las materias primas para diversificar la estructura productiva. Nada dicen, sin embargo, sobre los 58 años de dictadura castrista. En suma, el texto admite que se han frustrado los modelos de izquierda en la región.

Leyendo el análisis, uno concluye que la izquierda de la Nueva Mayoría está hoy ante una disyuntiva delicada: inclinarse hacia su derecha para estrechar vínculos con la DC y proponer un gobierno mesurado, o hacia su izquierda para profundizar ciertas reformas y evitar que la "nueva izquierda" les cause una sangría electoral. En este sentido, el asunto es también complejo para el PC, que afronta una disyuntiva semejante, y para la DC, que si encuentra hoy dificultades para influir en la Nueva Mayoría, aliada con una "megaizquierda" tendría aún más problemas para hacerse oír.

Del texto se desprende que la crisis de la izquierda mundial se debe a que ella carece hoy de alternativas ante la sociedad abierta, una circunstancia grave para quien aspire al poder. Con este autocrítico documento ocurre lo que con el "Manifiesto por la república y el buen gobierno", de Andrés Allamand, Joaquín García-Huidobro, Hernán Larraín, Ramiro Mendoza, Hugo Herrera y Pablo Ortúzar: se puede coincidir o discrepar de él, pero uno agradece su intento por someter sus ideas al debate en un clima político emponzoñado con descalificaciones personales.