Señor Director:

El Gobierno ha enviado un proyecto de ley para postergar para 10 años más, al 2027, el cambio de estructura de la educación general, pasando de ocho años de básica y cuatro de media, a seis años para cada nivel.

La consecuencia educativa más importante de esta postergación es que podrán seguir dictando las materias de 7° y 8° básico docentes generalistas, que no cuentan con una formación especializada en disciplinas específicas. La investigación ha demostrado el negativo impacto que tiene, en materia de menor aprendizaje, esta falta de especialización disciplinaria: los docentes a cargo simplemente no dominan estos contenidos y por ende no pueden enseñarlos debidamente a sus alumnos y alumnas.

La situación actual encierra una importante desigualdad: es en los establecimientos públicos donde se concentran los docentes generalistas, mientras que en los colegios privados ya se cuenta con docentes especialistas para la enseñanza de 7° y 8°.

Por ello parece necesario diferenciar dos plazos en el cambio legal en trámite. Uno para la instalación de la nueva organización de 6 + 6, que efectivamente implica enormes inversiones en infraestructura escolar (se deben adicionar salas de clases en centenares de liceos) y de readecuación en los establecimientos. Y otro, mucho más breve, que se centre en lograr que solo docentes especialistas puedan enseñar en 7° y 8° básico. Esto último es una meta alcanzable en cinco años, hacia 2023, si es que el Gobierno promueve, con apoyo de las universidades, un plan de reforzamiento disciplinario y de reconversión de docentes. Es de esperar que en el Parlamento se haga la distinción mencionada y que se ponga urgencia a lo importante. La calidad de la educación de los estudiantes más pobres no puede esperar una década más.

José Weinstein
Profesor titular UDP