Un informe de la OCDE publicado este mes ("Mind the Gap: Inequity in Education") muestra las dificultades que existen para mejorar la equidad educacional.

Por lo pronto, en casi todos los países miembros de esta organización, la desigualdad en la distribución del ingreso ha aumentado durante los últimos 30 años o bien, se ha mantenido sin alteraciones. En Chile ha disminuido levemente, pero continúa siendo la más alta dentro de la OCDE, seguido de México, Estados Unidos, Israel y Turquía.

La desigualdad en la sociedad impacta sobre la educación, a la vez que esta actúa sobre aquella. Por un lado, crea ventajas o desventajas desde la cuna para las nuevas generaciones; por el otro, el sistema educativo reproduce o mitiga y compensa las desigualdades de origen socioeconómico y de capital cultural.

Una forma clave de medir la desigualdad educativa consiste precisamente en determinar la incidencia del estatus socioeconómico y cultural de los estudiantes sobre su desempeño. En Chile, según el informe que comentamos, este indicador ha evolucionado positivamente durante la última década, medido por los resultados de la prueba PISA en ciencias (2006-2015). De hecho, durante este período nuestro país ha experimentado la mayor caída en este indicador, aunque su incidencia se mantiene encima del promedio de la OCDE; al momento, Chile se sitúa a la par de Singapur y por debajo, por ejemplo, de Francia y Hungría.

Entonces, ¿cómo continuar y profundizar esta mejoría? Dicho en otras palabras: ¿cómo hacer más equitativa la distribución social de las oportunidades de aprendizaje, al mismo tiempo que elevamos su calidad?

Lo primero, según indica consistentemente la experiencia internacional, es reducir al máximo posible la transmisión intergeneracional -de padres a hijas e hijos- de las ventajas y desventajas educacionales. Esta es la manifestación más insidiosa del "efecto cuna". Significa que los alumnos aventajados poseen una alta probabilidad de tener padres aventajados, tanto en términos de educación como de participación en la fuerza laboral. Vea usted. Según revela el examen PISA del año 2015, en promedio, un 97% de padres aventajados había cursado la educación superior y un 94% trabajaba en ocupaciones que requieren destrezas calificadas. Por el contrario, solo un 8% de los padres desaventajados tenía un similar nivel laboral y un 88% no había completado estudios superiores. Tal es la matemática de la desigualdad educativa.

Interrumpir esta insidiosa herencia -bien lo sabemos ahora- supone ofrecer, especialmente a los hijos de hogares desaventajados, una temprana educación y cuidado de alta efectividad. Es una tarea de la mayor importancia; de ella depende, más que de cualquiera otra medida, el futuro de la nación. Sin ella no hay interrupción posible del círculo vicioso de la herencia socioeconómica y cultural, salvo en el caso de alumnos con una excepcional resiliencia. Y la educación se convierte en mera reproducción de ventajas y desventajas sociales. En tales circunstancias, el origen determina férreamente el destino de las personas.

La excesiva preocupación dirigida últimamente a lograr una ilusoria gratuidad universal en el nivel de la educación superior, cuando el "efecto cuna" hace rato ya se ha consolidado, resulta por lo mismo un craso error de enfoque y de política. Distorsiona la agenda pública educacional. Invierte completamente el orden de las prioridades. Favorece el statu quo de la desigualdad. Y posterga las posibilidades de potenciar las capacidades humanas de la sociedad, con consecuencias negativas para los individuos y las organizaciones.

No basta con interrumpir tempranamente la transmisión de las desventajas, sin embargo. Además, hay que asegurar a todos los niños oportunidades de aprendizaje de calidad. Esto significa escuelas efectivas en condiciones de atender la enorme variedad de intereses, necesidades, talentos y esfuerzos de los niños y jóvenes chilenos.

En este nivel educativo, los desafíos mayores son tres. Primero, cómo obtener que los profesores de mayor experiencia y más competentes trabajen en los colegios desaventajados. Segundo, cómo lograr que estos colegios queden bajo la responsabilidad de directivos con la capacidad de crear climas de alta efectividad para el aprendizaje. Y tercero, cómo diseñar e implementar políticas eficientes para apoyar a estos colegios, dotarlos de los insumos requeridos y financiarlos a un nivel adecuado.

Las medidas adoptadas por el actual gobierno respecto del sistema escolar, no abordan derechamente estos desafíos. Más bien, buscan incidir en el contexto dentro del cual se desenvuelven las escuelas; por ejemplo, en los arreglos institucionales de los sostenedores, las modalidades del financiamiento que reciben las escuelas, la organización estatutaria de la profesión docente o las regulaciones del régimen mixto de provisión. El avance que se puede esperar de ese tipo de medidas es tenue.

Resta saber si la Agencia de Calidad, mediante sus propias acciones y medios, podrá coadyuvar al mejoramiento de los colegios más débiles ahora que los ha identificado, aunque solo sea un subconjunto del total de los colegios desaventajados. El reto consiste en desarrollar las capacidades propias de cada uno de estos colegios, justamente aquellos con la misión más difícil, al mismo tiempo que facilitar su integración a redes de colaboración, reforzamiento mutuo e innovación continua.

En fin, la equidad educacional exige una sociedad gradualmente más igualitaria, a la vez que un esfuerzo combinado de colegios, familias, políticas y agencias públicas para superar las desventajas iniciales y lograr una distribución más justa de las oportunidades de aprender.