Los embarazos adolescentes -mujeres que tienen un hijo a la edad de 19 años o menos- alcanzaron un máximo de casi 41 mil en el año 2008, cifra que se fue reduciendo a partir de entonces, hasta llegar a algo más de 22 mil el año pasado. Esta significativa disminución muestra que es posible obtener buenos resultados aplicando políticas públicas adecuadas, como el esfuerzo orientado a la educación sexual, a la prevención y a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos.

En la mayoría de los casos, el embarazo adolescente es una situación indeseada, y es por eso que estas cifras resultan promisorias. En las sociedades contemporáneas, una circunstancia como esta suele constituir un obstáculo para que las jóvenes madres completen sus estudios secundarios o terciarios, lo que limita sus posibilidades futuras. Asimismo, se traduce en una carga financiera no esperada para las familias de esas jóvenes, creando tensiones y dificultades de diversa índole en la vida cotidiana de estas. De allí que su disminución constituya una buena noticia, y que persistir en ello sea el camino a seguir.

Pero la postergación excesiva de la maternidad acarrea consecuencias que es necesario tener en cuenta. Si la reproducción comienza muchos años más tarde y se transforma en un fenómeno generalizado, se comprime la ventana reproductiva de la población femenina fértil, lo que, con el paso de los años, se traduce en una menor tasa de fecundidad. Eso, a su vez, modifica la pirámide demográfica de la población, envejeciéndola, lo que provoca un sinnúmero de problemas. Por de pronto, si la proporción de población activa respecto de la pasiva disminuye como resultado de lo anterior, progresivamente habrá menos personas activas generando riqueza y más personas pasivas dependiendo de ellas, lo que termina por hacerse insostenible. Asimismo, como la juventud tiende a participar menos en las elecciones democráticas, se incentiva la oferta electoral de políticas públicas orientadas a la tercera edad -la población que más vota-, lo que refuerza el desinterés de las generaciones más jóvenes en la política electoral, perpetuando el ciclo. Incidentalmente, una inversión de la pirámide demográfica hace inviables los sistemas de pensiones basados en el reparto, en cualquiera de sus modalidades, algo con lo que algunos en la Nueva Mayoría siguen coqueteando.

De modo que resulta conveniente evitar que el envejecimiento relativo de la sociedad continúe, procurando que la tasa de natalidad se recupere o, al menos, sea suficiente para mantener la población en los niveles actuales. Nuevamente, políticas públicas adecuadas, que fomenten y ayuden a las familias con hijos, como se ha hecho en Francia, en diversas modalidades -apoyo financiero focalizado, salas cuna de alta calidad, entre otros-, son una forma de corregir ese problema sin interferir directamente con las decisiones autónomas de las parejas.

Las sociedades modernas ponen enormes exigencias de preparación y estudio a las nuevas generaciones para alcanzar los estándares de vida a los que aspiran, y eso, a su vez, requiere que hombres y mujeres realicen actividades laborales remuneradas. Ese es un escenario que desincentiva la reproducción, como se observa en la mayoría de las sociedades desarrolladas. De allí que el país, junto con celebrar y perseverar en la disminución del embarazo adolescente -un freno al desarrollo de esas jóvenes madres-, deba además contar con políticas públicas que fomenten el embarazo responsable en las parejas, que dé un sustento poblacional de largo plazo al país, y, simultáneamente, impulse el trabajo femenino.