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Cartas
Martes 21 de febrero de 2017
Armas ilegales
Señor Director:
El día domingo apareció un artículo sobre la problemática de las armas ilegales en Chile, en el que se expresan varias opiniones, algunas muy ciertas y otras en las que se hacen apreciaciones bastante erróneas. Una de ellas y que me parece grave es la expresada por la Autoridad Fiscalizadora de Santiago a nombre del Departamento OS11, en la cual se alega falta de recursos para poder realizar las fiscalizaciones. Me quiero detener en este punto, ya que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) ha entregado a Carabineros más de nueve mil millones de pesos en los últimos tres años, y en específico a la Autoridad Fiscalizadora de Santiago le corresponden dos mil quinientos millones.
He solicitado a través de la Ley de Transparencia, en varias oportunidades, a Carabineros la rendición de gastos de esos dineros, pero las respuestas han sido lamentables, por decir lo menos. No es justificación la falta de recursos para achacarla a la mala función que cumple Carabineros en Santiago para el control de armas. Además de contar con unas instalaciones deficientes para la atención de público en donde se genera más de un 25 por ciento de todas las actuaciones de la Ley de Control de Armas y Explosivos, Carabineros está incumpliendo la Ley de Control de Armas en la que se expresa que el 50 por ciento de los dineros generados en esa unidad deben ser invertidos y gastados en mejorar las condiciones de servicio de la Ley de Armas (Art. 26).
El otro punto que merece aclaración es el relacionado con las armas institucionales. Actualmente cada institución maneja su arsenal de armas y no da cuenta de estas a nadie. Nosotros hemos solicitado desde hace años que se cree una base central manejada por la DGMN, en donde se lleve un registro de estas. Actualmente el sistema es tan vulnerable que cualquier armería o civil podría incurrir en un ilícito al comprar un arma que fue robada a una institución, ya que en la base de datos de las armas civiles esa arma no aparecen, y por lo tanto pueden ser inscritas si no ha sido declarado su robo o extravío. Urge este registro en pos de la transparencia. Nosotros tenemos clara la cifra de armas robadas y extraviadas a los civiles, pero nadie conoce a ciencia cierta cuántas son las que les roban a las instituciones armadas y Carabineros. Personalmente creo que es una cifra similar a la de los civiles (2.500 aprox.), lo cual nos parece muy grave para quienes están dedicados a protegernos de la delincuencia. La misma solicitud hemos realizado para que la munición que va destinada a estas instituciones sea marcada y se diferencie claramente de la civil.
Ennio Mangiola
Presidente Asociación de Armerías de Chile