Francisca Maturana Torres

El Presidente Donald Trump no podrá cumplir con sus promesas de frenar la migración tan rápido como planteó en sus primeros días de gobierno. Estados Unidos restauró ayer miles de visados y reabrió las fronteras para los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) afectados por el decreto antiinmigración del republicano, luego de que un juez lo suspendiera.

Un día después de conocerse la sentencia, el Departamento de Estado revocó su cancelación de los visados, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió la ejecución de la orden y las aerolíneas volvieron a transportar pasajeros de las naciones a las que se les prohibía la entrada. Mientras, el Mandatario reaccionó con indignación.

"¡La opinión de ese autodenominado juez, que básicamente impide el cumplimiento de la ley en nuestro país, es ridícula y será revocada!", aseguró, a través de la red social Twitter. "Cuando un país no puede decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por motivos de seguridad, ¡es un gran problema!", agregó horas después de la decisión judicial.

La Casa Blanca dijo que luchará contra lo que calificó como una decisión "escandalosa" y efectuó su promesa anoche: el Departamento de Justicia presentó un corto documento ante la Corte de Apelaciones del Circuito Noveno, con sede en San Francisco, para restablecer la orden del Mandatario.

El juez James Robart, nominado por el ex Presidente republicano George W. Bush (2001-2009), justificó su fallo sobre el decreto presidencial al asegurar que "no hay respaldo" para el argumento del gobierno de que "hay que proteger a Estados Unidos de las personas" de los países afectados.

La resolución de Robart es temporal, pero aplicable en todo el territorio estadounidense, mientras el magistrado tome una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto o hasta que el Corte de Apelaciones del Circuito Noveno decida sobre el tema.

El republicano firmó el pasado 27 de enero la orden, que suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y detenía durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

La decisión provocó caos en los aeropuertos ese fin de semana. Algunos viajeros en el extranjero fueron retirados de vuelos hacia Estados Unidos, cientos de personas acudieron a las áreas de arribo de los aeropuertos para protestar contra la medida y se presentaron recursos legales en todo el país. El rechazo al veto presidencial llegó desde todas partes del mundo, organismos internacionales e incluso diplomáticos estadounidenses.

El Departamento de Estado aseguró que se cancelaron cerca de 60.000 visas de extranjeros provenientes de esos siete países, después de la entrada en vigor del veto migratorio.

El caso que dio lugar a la medida cautelar contra la orden de la inmigración fue presentado por el estado de Washington el lunes, y se le asignó al juez Robart ese día. El miércoles, Minnesota se unió a la demanda. Ambos estados argumentaron que el decreto de Trump incitaba a la discriminación y violaba los derechos constitucionales de los migrantes y sus familias. La orden ejecutiva de Trump "está motivada por el odio y el deseo de dañar a un grupo en particular", afirmó el fiscal general de Washington, Bob Ferguson.

La sentencia representa un enorme reto para el Mandatario. El juez Robart determinó que los estados tienen derecho legal a demandar, lo que podría ayudar a fiscales demócratas a enfrentar a Trump en otros temas.

"Estamos a punto de descubrir hasta qué punto el sistema de controles y equilibrios consagrado en la Constitución es capaz de restringir a un Poder Ejecutivo", dijo a "El Mercurio" Eric Hershberg, profesor de la American University.

Con este hecho queda en evidencia que no serán los políticos, sino los tribunales, los que harán de juez para evaluar si Trump ha ido demasiado lejos con su poder, dijo The Washington Post. Solo dos semanas después de asumir su Presidencia, Trump ya ha visto detenida una de sus órdenes. El fallo del juez federal representa un raro y temprano reproche de la autoridad presidencial, que podría augurar un montón de peleas legales sobre los poderes de Trump en los meses y años venideros, agregó.