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Editorial
Martes 31 de enero de 2017
Aporte de los inmigrantes
Debemos perseverar en un trabajo serio y profundo para la modernización de nuestra legislación sobre inmigrantes, despejando los prejuicios infundados...
Analizar detenidamente la realidad económica de los inmigrantes en Chile es un ejercicio que puede desvirtuar algunos de los prejuicios que han cobrado fuerza en el último tiempo en nuestro debate público.
La globalización no solo ha facilitado el comercio de bienes y servicios en el mundo, sino que, al reducir los costos de transporte, también ha incrementado los flujos migratorios. Chile no ha sido la excepción a esta tendencia. Si hacia 2006 existían del orden de 155 mil extranjeros avecindados, en la actualidad ese número se ha incrementado en aproximadamente 320 mil. Sobre el total de la población, estos números son relativamente bajos, del orden de 2,6 por ciento, lo que ubica a Chile entre los países con menores flujos migratorios de los 34 que forman parte de la OCDE.
A pesar de ello, y posiblemente influido por la situación política en países más avanzados a propósito del Brexit, la elección de Trump, el crecimiento de populismos de derecha y de izquierda, y el impacto de la inmigración en ciertos núcleos urbanos, el debate migratorio ha adquirido inusual fuerza en nuestro país. Y han surgido algunos prejuicios frente a esta migración -como también idealizaciones que no se hacen cargo de la complejidad real del fenómeno- que no tienen asidero y dificultan una discusión seria.
Se sostiene a menudo, por ejemplo, que los migrantes vienen a aprovecharse de las políticas sociales que existen en el país que, en términos de organización, efectividad y beneficios, tienden a ser mejores que las de los países de origen de la mayoría de los inmigrantes. Sin embargo, no hay antecedentes para respaldar la idea de que estén utilizando más intensivamente los servicios públicos o estén recibiendo desproporcionadamente beneficios sociales. Al contrario, la proporción de inmigrantes que trabajaría es de 63 por ciento, esto es, siete puntos porcentuales por encima de la tasa de ocupación que registra la última encuesta nacional de empleo para el total del país. Entre los inmigrantes sería más alta la proporción de personas asalariadas, y sus ingresos laborales netos, de acuerdo con la encuesta Casen, serían 28 por ciento más altos que los de los chilenos. Hay, por cierto, mucha heterogeneidad en estos ingresos, ya que existe un grupo de migrantes muy calificados que obtienen altas rentas. En todo caso, los inmigrantes de los países que aportan con una mayor cantidad de extranjeros tienen un nivel de educación promedio levemente superior al de los trabajadores chilenos.
Asimismo, el 22 por ciento de los ocupados inmigrantes pagaría impuesto a la renta por un total de casi 328 mil millones de pesos, es decir, casi 500 millones de dólares, de acuerdo con antecedentes que obtuvo "El Mercurio" por ley de transparencia desde el SII. Por cierto, esta no es la única contribución impositiva que hacen los inmigrantes al país. Una gran parte de sus ingresos es consumida en Chile y significa que por este hecho pagan otros impuestos, como el IVA o gravámenes específicos, que seguramente también suman un aporte relevante. Adicionalmente, no es claro que la mayor parte de las tareas que desempeñan en Chile puedan ser reemplazadas por trabajadores nacionales.
Incluso un intento por valorizar los beneficios sociales a los que acceden los inmigrantes no avala la imputación de que ellos superan la contribución que hacen a la economía del país. Por ejemplo, el valor de los beneficios que reciben los más de 17 mil niños y jóvenes inmigrantes en el sistema escolar chileno no debería pasar del orden de los 35 millones de dólares. Hay otros desembolsos asociados a las atenciones de salud y a beneficios como vivienda, pero cualquier estimación razonable de estos montos no supera la contribución que hacen los inmigrantes al país.
Es innegable que la existencia de un cuerpo legal desactualizado, que data de 1975, y migraciones ilegales y otras disfrazadas de turismo han contribuido a enrarecer el debate público. Pero debemos perseverar en un trabajo serio y profundo para la modernización de nuestra legislación sobre inmigrantes, intentando neutralizar el ruido proveniente de fenómenos mundiales ajenos a nuestra realidad.