Jacqueline van Rysselberghe acaba de asumir la presidencia de la UDI, pero al parecer estará acompañada de una sombra difícil de espantar.
Solo el humo criminal de estos días -qué desgracia- ha impedido el escándalo.
Según se ha revelado, la senadora mantuvo durante el año 2014, cuando se tramitaban reglas de pesca, estrechas relaciones con Luis Felipe Moncada, presidente entonces de Asipes, la asociación de industriales pesqueros del Biobío. Se han revelado correos indesmentibles en los que Moncada discute con Van Rysselberghe proyectos de ley que afectan los intereses de la asociación que él promueve, en los que instruye a la senadora acerca de las indicaciones que a su juicio deberían ser empujadas y mediante los que Moncada vigila, con atención de custodio o de capataz, el curso que sus sugerencias han seguido.
La injerencia de Asipes a través de la familiaridad que poseía con la senadora, y su injerencia casi doméstica en la tramitación de la ley, es indesmentible. Basta un ejemplo:
"Coca (escribe Moncada), el proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, será aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Este tiene los inconvenientes que se indican abajo".
Y Moncada pasa -con confianza de asesor- a señalarlos.
Increíble.
¿Cuál es el significado político -ya se verá si jurídico-penal- de ese trato en que la familiaridad personal se confunde con el interés público?
Ante todo, y aunque no lo reconozca, la conducta de la senadora afecta a la UDI y muestra hasta qué punto el proyecto histórico que Jaime Guzmán avizoró, parece languidecer.
Y es que allí donde Guzmán imaginó un partido que promoviera la economía de mercado, Jacqueline van Rysselberghe parece interesada en promover los intereses de uno de los actores -los empresarios- que se desenvuelven en el mercado, lo que es distinto. Y allí donde Guzmán resistía al clericalismo (por eso se opuso a que la UDI fuera una derivada del Partido Conservador), la senadora parece empeñada en erigirlo en una rama política del Opus Dei.
Pero la actitud de la parlamentaria no solo daña al proyecto de la UDI, tal como, para bien o para mal, lo concibió Guzmán.
También daña a Piñera.
¿Qué dirá Piñera, en los debates de la campaña presidencial, cuando se le reproche que uno de los partidos que lo apoyan está dirigido por alguien que mantenía relaciones promiscuas con las empresas que, de acuerdo con la Constitución, debía contribuir a regular?
Piñera ya tuvo que padecer varios casos -¿será necesario recordar la vergüenza de Longueira o de Wagner?- de promiscuidad entre los empresarios y la política que él impulsaba. El caso de la senadora Van Rysselberghe, que si sigue en el cargo hasta la campaña presidencial deberá acompañarlo, enlazar sus manos, proclamarlo, aconsejar que se le apoye, no es más que un plomo, un lastre, que lo incomoda y lo expone.
Pero si la incomodidad de la UDI y de Piñera puede ser tolerable -la tentación casi obliga a decir deseable-, no lo es de ningún modo para la democracia.
La democracia funciona cuando sus líderes -los presidentes de partidos, los parlamentarios y, como suele decirse hoy, las presidentas y las parlamentarias- son capaces de exhibir vidas mejores, solo apenas mejores, nada más, de las que pueden ser exigidas a los ciudadanos cuya confianza reclaman. No se trata, como a veces se cree, de reclamar a la senadora Van Rysselberghe una conducta de heroína o de santa (aunque ella por sus creencias debiera anhelarla), sino de pedirle que mantenga hoy o haya mantenido ayer una conducta que siquiera insinúe ser ejemplar para el conjunto de los ciudadanos, quienes tienen todo el derecho de confiar que aquellos que solicitan su confianza no solo hayan sido capaces de cumplir la ley (ya se verá si la senadora ha sido al menos capaz de eso), sino que en su conducta se hayan elevado siquiera por momentos por sobre ella.
Pero la senadora, que discutía con Luis Felipe Moncada asuntos regulatorios como si él fuera un mandatario del pueblo, y no un empresario interesado, no ha estado a la altura de ninguno de esos estándares.
No hay duda. Y no vale la pena engañarse.
Ni la aprobaría Guzmán ni le conviene a Piñera ni le hace bien a la democracia.