En una dividida votación, la comisión de Educación del Senado aprobó -en general- la iniciativa que propone el traspaso de la administración de más de cinco mil colegios municipales a una nueva estructura de gestión del sistema educativo en el marco del proyecto de "la nueva educación pública", el que contempla la creación de diversos organismos, entre ellos una red de 69 servicios locales.

El trámite legislativo ha generado un amplio debate y la inquietud de diversos alcaldes y actores ligados al ámbito de la educación, debido a la verticalidad decisional que subyace en la institucionalidad planteada. En efecto, algunas dudas se refieren a las atribuciones contempladas para el organismo central -denominado Dirección de Educación Pública- y las entidades locales, para las que se reclama mayor autonomía y descentralización, de manera que den cuenta de las necesidades y las particularidades de cada comunidad escolar.

La disímil realidad de la educación municipal actual incluye muchos casos exitosos, los que indican que la calidad de la educación depende de manera importante de sostenedores involucrados, directivos con liderazgo y mirada de largo plazo, de profesores comprometidos, familias colaborativas, así como de los recursos suficientes.

La complejidad del sistema educativo y las múltiples variables que inciden en la consecución de la excelencia académica demandan la participación de diversos actores en un entorno en que el Estado provea de un escenario propicio para el desarrollo de potencialidades y capacidades propias de los procesos educativos de calidad, y donde los incentivos y las responsabilidades estén definidas y sean conocidas; es lo que los padres exigen, como lo constatan regularmente las autoridades edilicias, quienes deben responder por el rendimiento de los establecimientos a su cargo. Las significativas diferencias observadas en los resultados del sector de la educación municipal indican la importancia de una gestión local orientada a las labores desplegadas en el aula y a la construcción de un clima escolar propicio para el aprendizaje. Preocupa que un sistema vertical, y mayormente centralizado, pueda dificultar el surgimiento de proyectos que se ajusten a las diversas realidades.

Prudente parece la propuesta de revisar de qué manera la nueva institucionalidad afectará la autonomía de las comunidades escolares y cómo se implementará un cambio de tan alta complejidad técnica. Asimismo, es entendible la preocupación manifestada por algunos alcaldes por el traspaso de la infraestructura de dichas escuelas al Estado, muchas de ellas objeto de cuantiosas inversiones municipales.

La revisión de la institucionalidad propuesta y de otros aspectos centrales, como el financiamiento, la ampliación del período de transición para su implementación o la exención de traspaso para aquellos municipios con buenos resultados en su gestión educativa, evidencia la necesidad de un estudio legislativo acucioso respecto de cómo la nueva política de educación pública incidirá en la calidad de la educación, que es lo que esperan las comunidades escolares.