Cuando el Gobierno planteó la gratuidad universal en los estudios de educación superior, pues en su programa estimaba que la educación correspondía a un derecho social, no hubo esfuerzos por definir este concepto. A poco andar, quedó claro que no habría recursos suficientes para desarrollar un programa tan ambicioso en el plazo de seis años, como se había comprometido, y ha quedado reducido en los hechos a un plan de gratuidad para la mitad de los chilenos de menores ingresos que estudien en las instituciones que voluntariamente decidan participar. Más aún, la reforma de la educación superior es hasta ahora solo un proyecto de ley que todavía no da sus primeros pasos legislativos. La gratuidad, focalizada en los primeros cinco deciles, se ha transformado, así, en una política pública temporal que se ha aprobado solo como una glosa presupuestaria.

Como es natural, tal estado de cosas ha introducido un alto grado de incertidumbre tanto en las universidades como en los institutos profesionales y los centros de formación técnica, sea que participen del programa de gratuidad o que se hayan mantenido al margen. Como aquellas universidades que han adherido al programa deben resignarse a recibir del Estado solo una parte de lo que ellas cobraban a sus alumnos, el sistema en su conjunto cuenta hoy con menos recursos de los que tenía antes de iniciar el controvertido plan. Como participan de él todas las universidades del CRUCh, más cinco privadas, tampoco las demás instituciones pueden subir sus aranceles, porque quedarían fuera de competencia, lo que ha llevado a una reducción de los planes de expansión de las universidades más jóvenes o de las que aún tienen aspiraciones de continuar mejorando su calidad. Pero como solo se trata de un programa eminentemente temporal, pues se basa en la ley anual de presupuesto, tampoco se pueden abandonar los planes estratégicos de los planteles, sino que más bien han quedado congelados los proyectos de nuevos centros de investigación o de construcción o expansión de los campus universitarios. Cada universidad ha debido ajustarse a menores presupuestos, aunque todas parecen abrigar la esperanza de retomar sus proyectos.

La situación es difícil para todos los establecimientos y aun para el propio Gobierno, que fue el que desató la inseguridad actual, pues la ministra ha reconocido que la gratuidad universal no es alcanzable en un plazo que se pueda fijar y, por tanto, se deberán mantener los créditos estudiantiles. El rector de la Universidad de Chile, por su parte, aboga por una gratuidad reservada solo a las universidades estatales, en tanto que el rector de la Universidad Católica, la de mejor desempeño en los rankings internacionales, presenta una demanda contra el Estado por no cumplir la ley que lo obliga a transferir recursos a las universidades que matriculen a los mejores alumnos.

En medio de esta confusa situación, la Presidenta ha anunciado la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, dejando en el olvido a la Subsecretaría de Educación Superior, que tendría la tuición sobre la investigación científica universitaria y que figuraba en el proyecto de reforma que no avanza en el Congreso. La ministra ha reconocido que la gratuidad ha significado déficits mayores a los esperados en algunos casos, de donde parece concluir que es necesario diferenciar las distintas funciones de las universidades para otorgar fondos concursables que cubran cada una de sus tareas. Sería un avance respecto de las condiciones actuales, pero significaría, a la vez, que el modelo universitario mantendría sus rasgos centrales casi sin modificaciones, puesto que las universidades competirían por los fondos y por atraer a los mejores alumnos. Lo anterior puede ser una muestra de realismo con renuncia, ya que difiere del cuadro que planteaba el programa de gobierno sobre un cambio paradigmático que pusiera fin a la competencia como mecanismo regulador, para reemplazarlo por un sistema educacional coordinado.