JAVIERA HERRERA

Una demanda contra el Estado por incumplimiento de la ley -en relación con la norma que establece la obligación de otorgar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior- interpondrá hoy la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La acción judicial, que se presentará ante los tribunales civiles, fue decidida por el rector Ignacio Sánchez. Esto, después de tres semanas de evaluaciones con expertos jurídicos de la universidad, encabezados por el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Frontaura, y el director de asuntos jurídicos de la UC, Juan Esteban Montero.

Todos ellos decidieron, finalmente, que la demanda fuera liderada por el civilista y académico de la Universidad de Chile, Raúl Tavolari, y parte de su equipo.

"Por medio de esta demanda queremos, como universidad, hacer presente el incumplimiento de la ley en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes", argumenta el rector Sánchez. "Nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de educación superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema", agrega.

Por eso, el escrito incorpora la opción para que otros planteles se puedan sumar a la acción judicial. "Cualquier institución lo puede hacer", puntualiza el rector.

El origen

El AFI fue creado en 1981 y entrega recursos anuales a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, elegidos por los 27.500 estudiantes con los mejores puntajes en la PSU.

Históricamente, la UC ha estado entre las dos universidades -junto con la U. de Chile- que mayores ingresos reciben por este concepto. Sin embargo, en el Presupuesto 2017 no se incluyeron los montos para los alumnos matriculados el año anterior, razón por la que se basa la demanda (ver nota relacionada).

Sánchez precisa que la acción judicial busca que se declare que el Estado dejó de cumplir con una norma legal, que lo obliga a realizar estos pagos de AFI. Y si los tribunales determinan ese hecho, que se vea cómo se reintegran los recursos adeudados.

"La medida adoptada por el Gobierno implica para la UC un daño patrimonial de más de $1.700 millones", afirma. "Consideramos que lo más grave es afectar el Estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir", precisa Sánchez.

Conversaciones

El rector asegura que la decisión de entablar una demanda se tomó después de que la universidad agotó todas las instancias de diálogo con distintas autoridades. De hecho, a fines de noviembre -y tras la reunión del Consejo de Rectores (CRUCh) en Punta Arenas, cuando el Gobierno les informó los grandes números del Presupuesto en Educación 2017-, Sánchez amenazó con "acciones legales" por la pérdida del AFI, pero muchos no pensaron que ocurriría.

"Después de más de un mes de haber solicitado opiniones, tanto a la ministra (de Educación, Adriana Delpiano) como a la jefa de Educación Superior, nos queda este camino, que si bien uno no quisiera tomar, se ve obligado a hacerlo", dice.

Asimismo, el directivo critica que no se está respetando "un compromiso" que adquirieron los ministros de Educación (Eyzaguirre y Delpiano) ante el CRUCh, respecto de que no habría un detrimento en sus presupuesto en caso de haber cambios en el AFI.

También suma un reproche a las universidades estatales, ya que -asegura- no cumplieron un compromiso explícito dado en el CRUCh de Punta Arenas, de solicitar al Gobierno la restitución del AFI para todos los planteles. Esto, ya que las estatales optaron por un camino propio, reuniéndose con parlamentarios -durante la tramitación del Presupuesto-, para asegurar los fondos de sus planteles, sin incluir a las privadas.

Estrategia legal

En su demanda, la UC optó por seguir un procedimiento "ordinario". Esto supone que el demandado -representado por el Consejo de Defensa del Estado- tiene 15 días para contestar a la acción civil, más la existencia de otros dos escritos (réplica y dúplica), con sus consiguientes plazos. Esta estrategia legal incluye un llamado a conciliación, y si no existe acuerdo, el tribunal dicta sentencia.

El procedimiento puede demorar varios meses y, además, las partes pueden recurrir después a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

''Después de más de un mes de haber solicitado opiniones, tanto a la ministra (de Educación, Adriana Delpiano) como a la jefa de Educación Superior, nos queda este camino, que si bien uno no quisiera tomar, se ve obligado a hacerlo".

''Nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de educación superior". IGNACIO SÁNCHEZ Rector de la Universidad Católica de Chile

Así, la UC asegura que tiene un perjuicio patrimonial de $1.700 millones.

Consulta al gran canciller

Una de las conversaciones que sostuvo en las últimas semanas el rector de la Universidad Católica fue con Ricardo Ezzati. El arzobispo de Santiago es, a su vez, gran canciller del plantel debido a su condición de pontificia. Sánchez le informó y consultó sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado. El rector asegura que Ezzati dio su "visto bueno" de Ezzati, ya que validó que se proteja los intereses de la universidad.

Además, el Consejo Superior de la UC, donde participan los vicerrectores, decanos y representantes estudiantiles, también fueron informados sobre las posibles acciones legales contra el Estado.

Si bien Sánchez no pidió una votación formal de esta instancia, en los últimos consejos se abordó el tema, y nadie se manifestó contrario a la idea.