A menudo algunos críticos de la reforma a la educación superior lamentan que los debates se centren en cuestiones institucionales y financieras. Quisieran que se ocupara de materias sustantivas, que clarificaran qué son y qué deben enseñar las universidades. Felizmente, el ministerio y los legisladores saben que para esas definiciones carecen de competencia, pues la reflexión sobre el quehacer universitario es asunto donde la universidad es experta y en la que cabe invocar la autonomía universitaria. Si además de lo político y económico la reforma mejora los procesos de aseguramiento de la calidad, dando garantía de ecuanimidad y participación de pares académicos en las acreditaciones de carreras y universidades, estaría cumpliendo con sus objetivos.

Lamentablemente -como hemos visto en el episodio sobre la glosa presupuestaria-, los intereses de financiamiento y las negociaciones de última hora parecen primar sobre el justo reconocimiento que cabe a diferentes actores en un sistema muy heterogéneo. Intereses que se ocultan en simplificaciones ideológicas. El simple dualismo, estatal o privado, está separando irreflexivamente las aguas. Sorprende que defensores de lo estatal no valoren el aporte de universidades públicas no estatales de 100, 50 o 25 años, vinculando todas las privadas al lucro y al mercado. Sorprende igualmente que los defensores de las privadas, sin reconocer el trato preferente que se debe dar a las estatales, se solacen tratándolas de ineficientes o enrostrándoles menos años de acreditación. Sorprende aún más que ministros y diputados no sean capaces de reconocer y potenciar universidades de una calidad indiscutible y que nos llenan de orgullo, como son la U. de Chile, la P. U. Católica o la U. de Concepción.

La alternativa a un modelo que quiere tratar a todas las universidades por igual para que compitan no es dar un trato exclusivo -y excluyente- solo a las estatales, perjudicando a otras. Más bien, el trato preferente que hoy tienen algunas estatales al recibir más recursos debe ser compatible con aportes equitativos según necesidad (por ejemplo las regionales) y aportes basales según calidad (sean estatales o no estatales). Frente a la primacía del mercado no basta el simple crecimiento del Estado, sino la justicia que da a cada cual lo suyo. El régimen de lo público obliga a reconocer la existencia de universidades de calidad que son públicas por excelencia y a superar simplificaciones ideológicas que creen que lo público, lo laico y lo gratuito solo es garantizado en las estatales.

Lo público no es sinónimo de lo estatal, y la dicotomía entre lo estatal y lo privado se transforma en una dialéctica fecunda, cuando en virtud del carácter público de toda universidad se reconocen tres subsectores: las estatales, las públicas no estatales y las privadas que puede transitar hacia lo público. El Estado provee de educación y en el caso de sus universidades, ellas deben tener un proyecto y gozar de autonomía y libertad del gobierno de turno. Tiene además responsabilidades respecto de los tres sectores en términos de regulación y financiamiento diferenciado, dependiendo de la investigación y los bienes públicos que cada cual aporta.

La gratuidad universal refuerza esta idea de no identificar lo público con lo estatal. Si la educación es un derecho social, se da la paradoja de que el Estado debe financiar a todos los estudiantes que estén en universidades de calidad y sin fines de lucro, sean estatales, públicas o privadas. Implica también la obligación correlativa de todas las universidades de calidad de adscribirse a la gratuidad para acoger a los estudiantes financiados por esta política pública. Las universidades deben ser selectivas en lo académico, pero no discriminatorias en lo socioeconómico.

Lo laico tampoco es exclusivo de lo estatal, pues todo proyecto universitario -incluida la Universidad Católica- debe ser laico. Lo laico no es sinónimo de lo no religioso, sino apertura a lo plural y a lo multiconfesional que se opone a lo sectario. Felizmente, nuestra modernidad tardía, superando la ilustración que identificaba laico con neutral, valora las diferencias, los atributos, las particularidades. Nuestro pluralismo no está hecho de silencios, sino del diálogo entre nuestras convicciones e ideales. Las universidades son justamente proyectos intelectuales determinados con capacidad de debatir y proponer concepciones comprensivas del bien.

Si solo priman nuestros intereses y simplificaciones ideológicas en vez del reconocimiento de un sistema mixto y heterogéneo, vamos a terminar bloqueando la reforma.

Eduardo Silva, S.J.

Rector Universidad Alberto Hurtado