Pocos días después de celebrarse un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), el ministro de Justicia, Jaime Campos, desató una polémica al abogar por un trato más humanitario a las personas privadas de libertad de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales. Lo sostuvo como una medida general aplicable incluso a los que se encuentran recluidos en la cárcel de Punta Peuco, condenados por violaciones gravísimas a los derechos humanos. Según el ministro, no se trata más que de "un mínimo de humanidad".

Las declaraciones del ministro se suman a las del sacerdote Fernando Montes, que incluso concurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a exponerlas, y a las del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que van en el mismo sentido.

Resulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaración Universal con frases como "los derechos humanos son de todos", luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, aduciendo los más diversos argumentos.

Se objeta, en primer lugar, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no cabe prescripción ni amnistía, sin reparar en que gracias a esa calificación fue que estas personas fueron condenadas. Además, lo que se propone no es que salgan en libertad, sino que cumplan la pena bajo arresto domiciliario. Nadie podría decir que esta forma alternativa de cumplimiento de la pena sea sinónimo de impunidad.

Por otro lado, se sostiene que admitir este tipo de beneficios iría contra la pena de presidio perpetuo efectivo. No se tiene en cuenta que la misma ley que impuso esa sanción permite el indulto del condenado "por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo". ¿Con cuánta mayor razón debiera acordarse una sustitución de la pena de privación total de libertad por otra en la que esa privación se restringe al domicilio?

Algunas agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos alegan que se trata de delitos gravísimos, cometidos al amparo del poder del Estado y respecto de los cuales los condenados no han colaborado con los jueces ni tampoco han dado muestras de arrepentimiento.

Pero la mayor o menor gravedad del delito, así como la eventual no colaboración en su esclarecimiento, son aspectos que ya han sido considerados por los tribunales al momento de dictar sentencia. Si se les niegan beneficios carcelarios sobre la misma base, se estaría incurriendo en una vulneración del principio del non bis in idem , al castigarse dos veces a la misma persona por los mismos hechos.

Más insólito es que se condicione la entrega de beneficios humanitarios al arrepentimiento de los culpables. Si fuera así, estaríamos vulnerando el santuario de la conciencia, como en aquellos regímenes totalitarios que mediante tortura obtenían confesiones públicas de aquellos a quienes querían humillar. Hasta el más infame de los criminales tiene derecho a pensar y a declarar que es inocente.

Por lo que se ve, las razones que se esgrimen son más bien pretextos que encubren una motivación más profunda: la aplicación de la ley del talión, resumida en algo como: "ellos no tuvieron piedad de sus víctimas, ahora tampoco tendremos piedad de ellos". Este sentimiento puede ser comprensible en quienes han sufrido tanto dolor por la muerte, tortura o desaparición de sus seres queridos, pero no es razonable erigirlo en el sustento de una política de Estado en una democracia civilizada que pretende garantizar los derechos humanos de todos.

Tanto gobierno como parlamentarios, superando visiones parciales u ofuscadas, y siguiendo las mejores legislaciones extranjeras, deberían posibilitar la sustitución de la pena cuando la reclusión en recintos penitenciarios no tenga sentido por la ancianidad o enfermedad del condenado. Lo malo es que, como señaló el ministro Campos, para ello se requiere "coraje", y en eso estamos más bien al debe.