La situación de la Universidad Arcis, más allá de su inviabilidad económica y las desprolijas declaraciones de la ministra de Educación, permite advertir el error de haber establecido la figura de la administración provisional en la educación superior.

Esa universidad difícilmente puede sostenerse, más allá del esfuerzo y compromiso de sus estudiantes, pues necesita una matrícula de más de 500 estudiantes solo para viabilizar su gestión del próximo año. Como no se encuentra acreditada, sus alumnos no tienen acceso a ayudas estudiantiles del Estado, lo que la hace aún menos atractiva para los postulantes. Asimismo, las declaraciones de la ministra de Educación, que sostuvo que la universidad era inviable, aunque posteriormente fueron rectificadas por la jefa de la División de Educación Superior y el administrador provisional de la universidad, tampoco ayudan a mejorar sus perspectivas futuras.

Con todo, la improvisada señal que han dado las autoridades ministeriales y la rectoría de la Universidad de Chile respecto al futuro de los alumnos de Arcis, en caso de decretarse su cierre, es equívoca y puede tener un efecto impredecible. El mensaje es que en el peor escenario, sus alumnos serán trasladados a la Universidad de Chile u otra entidad estatal, todas ellas acreditadas y más selectivas que Arcis. La atractiva expectativa creada puede llegar a compensar las falencias que hoy exhibe Arcis y aumentar sus postulantes probando una vez más los daños de la falta de prolijidad de las autoridades del Mineduc.

Por otra parte, los hechos han demostrado que fue un error establecer la administración provisional. La experiencia traumática con la Universidad del Mar aconsejaba generar una institucionalidad razonable para administrar el cierre de una institución de educación superior autónoma. Pensar que una administración provisional, decretada por la autoridad ministerial, pudiese devolverle la viabilidad a una institución educacional refleja voluntarismo. Su instalación es un acto de intervención tan fuerte que difícilmente los nuevos estudiantes y sus familias van a asumir que esa entidad es una buena alternativa para postular, sobre todo existiendo tantas otras posibilidades. Es más razonable, entonces, optar de una vez por una administración de cierre de las instituciones y concentrarse en velar por que los estudiantes terminen sus estudios de buena manera.

Por último, sin perjuicio de las debilidades que presenta el marco legal existente, las mejoras en el trabajo de la Comisión Nacional de Acreditación y la eventual reparación de las deficiencias subsistentes en la institucionalidad de calidad debieran llevar a que no se reiteren situaciones como las que se vivieron con la Universidad del Mar y la que hoy atraviesa la Universidad Arcis.