Por segundo año consecutivo se ha aprobado en la Ley de Presupuestos la glosa de gratuidad. En esta ocasión, ella se ha extendido a estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica, pero se ha mantenido focalizada en estudiantes de los primeros cinco deciles de ingreso. El Gobierno ha sostenido que la gratuidad llegó para quedarse, pero su definición en una ley de presupuestos es inestable.

No es razonable que la planificación de las instituciones de educación superior esté sujeta a una glosa presupuestaria. Más todavía si ella también define el arancel implícito para los estudiantes beneficiados y regula las vacantes. Es sorprendente que se esté fijando una parte importante de los ingresos de nuestras instituciones de educación superior, las acogidas a gratuidad, a través de dicha glosa.

El proyecto de educación superior no tiene ninguna posibilidad de avanzar en su estado actual en el Congreso. El Gobierno aspira a introducirle indicaciones que buscan destrabarlo, pero incluso esa posibilidad se pone en duda. Quizás ha llegado el momento de ordenar el debate a través de la separación del proyecto y poner el acento, por ejemplo, en la calidad, y a partir de ese propósito definir la manera de financiar a nuestra educación superior. El énfasis en la gratuidad está traduciéndose en menos recursos para varias universidades y las perspectivas de apoyo relevante a la investigación de nuestras instituciones más avanzadas son modestas. Es difícil pensar, entonces, que se pueda elevar la calidad del sistema de educación superior.

La forma en que se ha llevado el debate se ha traducido finalmente en una lucha interesada por recursos que carece de una mirada sobre el desarrollo de mediano y largo plazo de nuestro sistema de educación superior. En ese sentido, ha sido un debate empobrecedor. Ahora que se ha despachado el Presupuesto de la Nación, es recomendable que los actores políticos intenten legislar con un horizonte temporal mayor y piensen en las reglas y modos de financiamiento que tienen mayores posibilidades de crear un sistema de educación superior de mayor calidad y con capacidad de abordar los desafíos que se avizoran.

Se requieren, en consecuencia, leyes bien pensadas, cuidadosamente diseñadas y suficientemente flexibles, para que las instituciones de educación superior puedan acomodarse a los cambios que están ocurriendo en el entorno. Entre otros aspectos, es importante que estas puedan proyectar sus ingresos con claridad. La constante manipulación de las glosas presupuestarias en el último tiempo no ha contribuido a esta necesidad. Se requiere una ley que sirva de guía.