P. Valenzuela y C. Cifuentes

Hasta La Moneda llegó el jueves pasado la senadora Ena von Baer (UDI), para sostener un encuentro con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. Una semana antes, junto a José García Ruminot (RN) se había reunido también con el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés. El motivo de las conversaciones es que, tal como anunciaron durante el debate en el Congreso, Chile Vamos decidió acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la gratuidad en la educación superior. Y no solo eso, también lo hará por el sistema de becas.

El principal argumento de la oposición es que, en la forma en que la glosa de gratuidad en la educación está redactada, atentaría contra el fallo del TC, que en 2015 determinó que solo se puede discriminar a un estudiante por su nivel socioeconómico y por la calidad de la institución en la que se estudia.

Este año, la glosa establece ciertos requisitos que deben cumplir las universidades privadas para acceder al beneficio -que tengan un mínimo de cuatro años de acreditación, que sean sin fines de lucro y que cuenten con un sistema de admisión transparente-, pero no ocurre lo mismo con las estatales, que podrían entrar al sistema sin estar acreditadas.

Idéntica situación se produciría con los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Además, acusan la misma "discriminación" en el régimen de becas, porque, según explican en el bloque, las que están destinadas a estudiantes de universidades del CRUCh se basan en el arancel de referencia y son más altas (alrededor de $2.100.000) que las becas para alumnos de instituciones privadas ($1.200.000, en promedio).

"Es incomprensible que el Gobierno no haya reparado en que el sistema de becas también es inconstitucional, dado el fallo", señala Von Baer.

Negociación

Los senadores intentan llegar a un acuerdo con el Gobierno, para que no sea necesario recurrir al tribunal. Para ello, proponen subir las becas al arancel de referencia, igualándolas a las que se asignan a universidades del CRUCh. Los ministros, dicen, se encontrarían estudiando una eventual fórmula para implementarlo.

"Vamos a ir al TC -agrega la senadora- para defender la igualdad de trato de todos los estudiantes de la educación superior. No vamos a permitir que en el sistema de ayudas estudiantiles se establezcan discriminaciones que sean arbitrarias, y por lo tanto, nos vamos a preocupar de la gratuidad, pero también de las becas, porque el sistema de ayudas estudiantiles en Chile ya no puede ser discriminatorio".

Por su parte, el senador Andrés Allamand (RN) reitera que "los únicos criterios aceptables" para gratuidad y ayudas estudiantiles son la calidad y vulnerabilidad.

"El que las becas históricamente hayan establecido diferencias arbitrarias entre los estudiantes, no es argumento válido para perpetuar esa discriminación a futuro. Es hora de corregirla", asegura.