El rechazo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) a la propuesta de cambio a la reforma a la educación superior contenida en el protocolo que prepararon las autoridades del Ministerio de Educación, recogiendo precisamente las conversaciones entre el CRUCh y esa cartera, confirma la debilidad política y la errada estrategia general con que las autoridades han obrado en esta materia.

El transversal rechazo que generó el proyecto de reforma a la educación superior llevó al Gobierno a anunciar su decisión de presentar una indicación sustitutiva de esa iniciativa una vez que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados vote la idea de legislar. Su elaboración ha sido discutida con el Consejo de Rectores, excluyendo a las universidades privadas ajenas a él y a las instituciones técnico-profesionales. Curiosamente, los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía y, por tanto, los responsables de deliberar considerando todas las posturas en esta materia y no solo las de las partes interesadas, como el CRUCh, han aceptado que de manera paralela a la discusión del proyecto en el Legislativo se produzcan estas tratativas de tipo corporativo.

Sobre la base de esas conversaciones el Gobierno preparó un protocolo de rediseño de la reforma con modificaciones sustantivas al proyecto. Entre otros aspectos, reconocer expresamente el carácter mixto del sistema de educación superior y el rol del CRUCh en su desarrollo; mantener los actuales aportes basales para las instituciones que forman parte de él; reducir la influencia de la futura Subsecretaría de Educación Superior en el sistema de admisiones; disminuir el peso de la participación externa en el Consejo Directivo de las universidades estatales; aumentar las exigencias académicas para los estudiantes matriculados y los requisitos institucionales para las entidades que se adscriban a la gratuidad; reemplazar el crédito con aval del Estado, y reforzar el carácter independiente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad.

Sin embargo, el Consejo de Rectores comunicó públicamente su rechazo a este protocolo, calificándolo de ambiguo y muy genérico. Efectivamente, se trata de un documento impreciso, que carece, al igual que el proyecto de ley, de una visión general para el sistema de educación superior. En ausencia de ella, todo el debate se ha centrado excesivamente en la distribución de los recursos. El tema adquiere especial relevancia porque el reemplazo de aportes privados por dineros públicos, para financiar la gratuidad, hace prever un futuro escaso de fondos fiscales adicionales para destinar, por ejemplo, a investigación y desarrollo. La baja inversión en este ámbito es quizás la mayor debilidad que experimenta nuestra educación superior y la reforma propuesta no aporta a su solución. Esto confirma el enorme error que ha significado insistir en la gratuidad universal, porque supone renunciar a un equilibrio razonable entre aportes privados y públicos en el financiamiento de la docencia y de paso lograr mayor inversión en el desarrollo de las ciencias y las humanidades. El nulo incremento en el presupuesto de Fondecyt contemplado para 2017 es un ejemplo de esto.

La discusión presupuestaria en educación superior ha sido también muy pobre y se traduce al final en un debate respecto de cómo hacerse cargo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional del año pasado.

Así, se quiere ampliar la gratuidad a los estudiantes de un conjunto limitado de instituciones que cumplan con una serie de exigencias definidas como relevantes por la autoridad, pero que no tienen ninguna relación con su calidad específica y no parecen ajustarse a lo que señaló el Tribunal Constitucional en 2015. En esto se inscribe, por ejemplo, el planteamiento gubernamental de que una institución que aspire a la gratuidad no puede tener entre sus personas jurídicas controladoras una que sea con fines de lucro. Esta exigencia no parece tener respaldo constitucional y puede obligar a una compleja negociación política para intentar eludir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.