La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca permitir la transformación de los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) en entidades sin fines de lucro, para poder satisfacer los requisitos que exige la glosa sobre gratuidad en la Ley de Presupuesto. El país sabe de las intenciones del Gobierno de hacer gratuita la educación superior, pero como la glosa presentada en la Ley de Presupuesto de 2016 chocaba contra la institucionalidad, solo fue posible concretarla para los estudiantes de las universidades, quedando excluidos aquellos que cursan estudios superiores en las instituciones técnicas. En parte, el problema se debe a que la ley permite que estas entidades se organicen como sociedades comerciales, con fines de lucro, y de ahí que sus estudiantes queden excluidos de la gratuidad contemplada en la nueva glosa del año 2017. Por tanto, se está estableciendo un procedimiento de transformación, para que de esta forma sus alumnos más vulnerables puedan acceder a la gratuidad.

Hace 35 años se estableció la posibilidad de crear centros de estudios técnicos con fines de lucro y surgieron muchas iniciativas que vinieron a sumarse a otras más antiguas. Así, los jóvenes pudieron seguir carreras cortas, que mejoraban sustancialmente su preparación para hacer frente al mundo del trabajo. Hoy ese sector de la educación terciaria atiende a más de medio millón de jóvenes, pero si bien sus alumnos reciben algunas ayudas en forma de becas, no han podido beneficiarse de la gratuidad impulsada por el Gobierno. Como cabe suponer, la mayor parte de los jóvenes pertenecientes a los primeros deciles de ingreso estudian en esta clase de instituciones, más que en universidades, pero han sido los jóvenes universitarios los grandes beneficiados con la política de la gratuidad.

Las complejidades de las transformaciones que impulsa el Gobierno han llevado a la Cámara de Diputados a ampliar a dos años el plazo para completar esta fórmula. Vertebral, organismo gremial que agrupa a la mayor parte de las instituciones técnico-profesionales, ha hecho ver el apresuramiento con que concluye la tramitación de esta legislación, en circunstancias que desde el año pasado se sabía que esta reforma legal sería necesaria, pese a lo cual el proyecto estuvo detenido por varios meses en el Senado. Hay objeciones a la ausencia de mecanismos para que los propietarios recuperen su inversión y a la discriminación tributaria en que quedarían esas instituciones frente a las universidades, ya que deberían pagar impuesto a la renta, pese a convertirse en sin fines de lucro.

Ahora, su tramitación coincide con la del presupuesto, que es donde se encuentra la nueva glosa que dispone la gratuidad para el año 2017. Una vez más, el Gobierno fuerza la discusión en el último minuto, afectando seriamente la planificación y la elaboración de los presupuestos de las casas de estudios superiores.

Aún puede haber sorpresas en la aprobación final tanto de la glosa como de la ley que busca el cambio de personalidad jurídica de los IP y CFT. El proyecto de ley sobre educación superior, que sería el que pondría término a estas discusiones anuales, está muy lejos de tramitarse y, en las condiciones políticas actuales, la incertidumbre para la educación terciaria en Chile está alcanzando su máximo grado.

Llama la atención la premura con que se aborda esta legislación, pese a que hace un año se conocía su necesidad.