Señor Director:

La semana pasada el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con el fin de regular plataformas tecnológicas para el transporte privado (Boletín 10937-15). De esta manera, pretende regular el accionar de plataformas como Uber y Cabify ante la presión de los dueños de taxis colectivos.

Aun cuando en ciertos casos dichas plataformas puedan requerir cierto marco regulatorio especial, llama particularmente la atención la amplia y peligrosa facultad que el artículo 12 del proyecto le otorga al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para "cancelar la autorización y ordenar a los operadores de servicios de telecomunicaciones el bloqueo del 'Domain Name System', DNS, de la plataforma infractora".

El DNS es un protocolo técnico que permite asociar nombres de dominio con direcciones usadas por computadores para comunicarse entre sí, lo que lo transforma en uno de los denominados recursos críticos de internet. La comunidad técnica a nivel internacional desde hace años ha venido pronunciándose en contra de este tipo de medidas, por lo relativamente fácil que es evadirlas, porque no resuelven el problema, pone a los usuarios de internet en riesgo, entre muchas otras.

Adicionalmente, otorgarle al Gobierno este tipo de facultades abre una inmensa puerta para la arbitrariedad respecto de asuntos técnicos críticos para el funcionamiento de internet como la conocemos. La intervención de protocolos críticos de internet es una respuesta regulatoria deficiente y preocupante para un país que quiere apuntar a su desarrollo tecnológico. Lamentablemente esta medida no es sino reflejo de la bochornosa escasez de políticas públicas digitales de largo plazo.

Claudio Ruiz
Director Ejecutivo ONG Derechos Digitales