En el marco de la tercera cumbre sobre ciudades sustentables de Naciones Unidas, en Quito, se aprobó la Nueva Agenda Urbana, un compromiso no vinculante que sirve de guía para que los países miembros puedan avanzar en la construcción de urbes que den mejor calidad de vida a sus habitantes. Aun cuando este documento no define metas concretas ni plazos (el horizonte es demasiado largo, hasta 2036), establece una serie de objetivos que ayudarán a que los gobiernos avancen en el desarrollo de metrópolis con menos pobreza, más respeto por el medio ambiente y mejor infraestructura urbana.

Este tema es especialmente importante para las ciudades que, como Santiago, concentran un porcentaje altísimo de la población nacional. El 50 por ciento de la población mundial vive en ciudades, mientras que en Chile el 90 por ciento de los habitantes es urbano, con diez ciudades en las que se concentra el 75 por ciento de la población.

Uno de los temas clave que emergieron en las discusiones de expertos es la necesidad de descentralización de la toma de decisiones, de manera de entregar mayores atribuciones a los gobiernos regionales y locales en la implementación de políticas públicas relacionadas con el tema urbano, así como los beneficios que acarrea una mayor interacción de las autoridades locales con los ciudadanos para establecer prioridades y resolver problemas.

En Chile, en la reciente elección municipal este debate estaba prácticamente ausente. Salvo algunas excepciones, no hubo propuestas importantes en las que se reflejaran visiones de conjunto de hacia dónde iría la comuna, en términos de sustentabilidad, crecimiento armónico y su inserción en la ciudad o región. Este debate es fundamental no solo a nivel interno de municipios, sino en proyectos intercomunales, de tal forma de ofrecer una mirada general y no parcializada del crecimiento y desarrollo de las urbes.

De acuerdo con ciertos expertos, el traspaso de poder desde el gobierno central a las autoridades locales debe "romper con las barreras del sectorialismo", para que las diversas carteras -como Transportes, Vivienda u Obras Públicas- estén plenamente coordinadas y eviten la contraposición de planes, que acarrea ineficiencia y muchas veces mayores costos.

Es evidente que las regiones requieren mayor autonomía y menor interferencia del gobierno central, y por eso, el debate sobre ese proceso debe tomar en cuenta estas necesidades. La discusión sobre la controvertida elección de los intendentes -que se llamarían gobernadores regionales- no se hace cargo de esas consideraciones y distrae respecto de la prioridad del foco en que debieran ponerse los esfuerzos para fortalecer la coordinación entre comunas y de ellas con las diversas instancias gubernamentales.