Apenas nombrado el nuevo ministro de Justicia vino la denuncia del diputado Monckeberg.

El nuevo ministro tendría conflicto de interés -dijo-, puesto que el estudio de abogados del que formaría parte asesoraría a la empresa que debe ser objeto de investigación por el desorden en los registros electorales.

¿Hay conflicto de interés?

Desde el punto de vista estrictamente técnico, no lo hay. Como el ministro de Justicia carece de injerencia en los órganos encargados de la investigación, y él mismo nunca representó a esa empresa, no habría conflicto alguno. Para que lo hubiera sería necesario que el ministro tuviera a su cargo dos intereses contrapuestos, el de la empresa investigada y el del órgano encargado de llevar adelante la investigación.

Así, el ministro Díaz tiene razón cuando afirma que, en sentido estricto, no hay conflicto de interés. Más aún si, como lo reiteró el ministro Campos, entre él y los abogados que representan a la empresa investigada hay simplemente comunidad de techo; es decir, son socios de la inmobiliaria que es dueña del inmueble donde trabajan, sin que medie una sociedad de servicios profesionales entre ellos.

Así, entonces, no parece haber problema alguno.

Pero, ¿realmente no hay nada que reprochar?

¡Nada!, podría decir el Gobierno. Y citar en su apoyo a Spinoza: cada uno es libre de hacer todo lo que la ley no prohíbe.

Pero, como se ha repetido una y otra vez, quienes ejercen funciones públicas deben ceñirse a un estándar de mayor exigencia que la meramente legal. Fue lo que se exigió una y otra vez a los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera y al propio ex Presidente: que no bastaba respetar la ley, puesto que los ciudadanos esperan de los funcionarios un comportamiento que satisfaga un umbral aún más exigente. Y la imparcialidad obliga a que lo que se exigía a esos funcionarios se exija también a estos.

Así, si bien es verdad que el ministro Campos no está en medio de un conflicto de interés en sentido técnico, no cabe duda de que su situación es reprochable.

En la página web del estudio de abogados en el que desenvolvía su trabajo, Jaime Campos aparece y se presenta, fotografía incluida, como socio del estudio. Quienes concurrían a él -incluida la empresa ahora investigada- debieron hacerlo en la confianza que contrataban con un estudio donde quienes se decían socios, incluido el ahora ministro, lo eran efectivamente.

Sin embargo, según informa el ministro, la expresión "socio" que empleaba la página debía ser entendida en un sentido informal para aludir solo a la propiedad del inmueble donde funciona el estudio.

Pero esa explicación -no hay que echarse tierra a los ojos- no es seria.

En la publicidad del estudio no era eso lo que se decía. Se decía exactamente lo que el diputado Monckeberg reprocha: que entre el ahora ministro y el resto de los abogados había una sociedad. Y ello -aunque no se tratara de una sociedad en sentido técnico o de una sociedad cuyo objeto fueran los servicios profesionales- indica una comunidad de intereses. Si no, ¿por qué se presentaban como socios? ¿Acaso es correcto presentarse como socio a la hora de ejercer la profesión y atraer clientes, y desconocer esa presentación a la hora de ejercer la función pública?

El ministro es víctima de sus propios actos y el Gobierno también, puesto que cometió un severo error al nombrar a quien se presentaba públicamente como socio de quien asesora a la empresa que, luego del descalabro del registro electoral, está bajo escrutinio.

Es increíble que (después de todos los tropiezos que ha padecido) el Gobierno haya nombrado a un ministro sin antes cerciorarse de cuáles eran los intereses con los que se relacionaba, dejando entregado ese tema a la simple autovigilancia del interesado, quien, más encima, cuando se le representa la situación creada por sus propios actos (de manera que Monckeberg no hace más que confrontarlo con la forma en que él mismo se presentaba) simplemente se refugia en la ley, desatendiendo cualquier otro estándar.

Rodarán cabezas -dijo el ministro, refiriéndose a los desórdenes del ministerio a su cargo.

Desgraciadamente serán pocas o ninguna si aplica a los funcionarios públicos el básico estándar que acaba de reclamar para sí mismo: solo el estricto cumplimiento de la ley.