Las diferencias del DUOC con Vertebral, la agrupación que reúne a los institutos profesionales acreditados, han llevado a la entidad ligada a la Universidad Católica a congelar su participación en ese organismo gremial.

Vertebral ha sido crítico de la ley que permitiría la transformación de las actuales instituciones constituidas como sociedades comerciales -con fines de lucro- en fundaciones y corporaciones, y también en relación con la glosa presupuestaria que busca incluir a los institutos y CFT en la gratuidad para el 2017. A juicio del rector del DUOC, Ricardo Paredes, los planteamientos de Vertebral atentan contra la posibilidad de que alumnos de carreras técnicas puedan acceder a los beneficios de gratuidad el próximo año.

En el DUOC, institución sin fines de lucro, estudia un número cercano a los 90 mil alumnos, muchos de ellos vulnerables. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió al Gobierno discriminar entre alumnos de una misma condición socioeconómica en razón de la naturaleza jurídica de la institución en que estudiaban -impidiendo que se marginara a las entidades con fines de lucro-, el Ejecutivo optó por excluir por completo a la enseñanza técnico-profesional, incluido el DUOC, de la política de gratuidad para el año 2016.

Vertebral ha solicitado a las autoridades que la ley de transformación en entidades sin fines de lucro -requisito para que sus alumnos accedan a la gratuidad el 2017 y en el futuro a créditos estatales en general- se haga cargo de los aspectos jurídicos, tributarios y patrimoniales que envuelve el hecho de que en el sector técnico-profesional -a diferencia del ámbito universitario- durante 35 años la legislación permitió y fomentó los emprendimientos educacionales con fines de lucro.

Sin perjuicio de los detalles envueltos, la demanda de Vertebral parece un planteamiento legítimo, pero el rector Paredes ha advertido que el proyecto de ley de transformación no está hecho para quienes "esperen una retribución por el capital invertido", y probablemente teme que la posición de las restantes entidades -que acusan una suerte de injusta expropiación encubierta y sin indemnización- amenace la posibilidad de que el DUOC acceda a la gratuidad.

No parece haber en esta disputa una diferencia de principios ni de proyección en torno a la educación técnico-profesional, sino de situaciones creadas por una política de gratuidad que privilegia la forma en que se estructuran jurídicamente las instituciones de educación técnico-profesional por sobre la calidad de las mismas y la condición socioeconómica de sus alumnos. En rigor, el Estado no debiera discriminar en su ayuda económica a alumnos vulnerables que estudian en instituciones acreditadas en cuanto a su calidad -al igual que las universidades- y organizadas conforme a la legalidad.

Con todo, el designio de la ingeniería social que inspira la reforma educacional es más fuerte y, por lo tanto, es probable que en los meses sucesivos sigamos viendo diferencias y posiciones encontradas entre los distintos entes de educación superior -CRUCh, G9, CUP, Vertebral- y que la capacidad de llegar a acuerdos en muchos campos se vea puesta a prueba, incluso en los matices distintos significativos que presenta el DUOC respecto de su matriz, la UC.