La diputada Camila Vallejo anunció la semana pasada un proyecto que busca modificar el artículo 95 y 255 del reglamento de la Cámara Baja, para así reemplazar "en nombre de Dios y la patria", por "en representación del pueblo de Chile, se abre la sesión". En diciembre de 2013, Cristóbal Bellolio reclamaba por el pesebre instalado en La Moneda, pues en "las democracias liberales y seculares han llegado a la conclusión que no es bueno usar la política para promover una visión religiosa sobre las demás. Al auspiciar la narrativa que emana del pesebre, el Estado de Chile viola su deber de imparcialidad o neutralidad religiosa". Hace poco, Daniel Matamala afirmó que "llegó la hora de que el Estado se emancipe del último vestigio de su sujeción a la Iglesia Católica, y que deje de subcontratar en ella esta ceremonia", en referencia al tedeum. Desde esta perspectiva, la religión (no solo la cristiana) es un odioso lastre del pasado que hay que erradicar, pues su sola presencia resta autonomía y libertad a los ciudadanos.

Esta discusión no es nueva. Ya Kant, en su opúsculo "¿Qué es Ilustración?" (1784), expresaba que para alcanzar la "mayoría de edad", es decir, la liberación de la nefasta coacción de "terceros", que impiden al hombre salir de su "autoculpable minoría de edad", es necesario superar la pereza y cobardía, porque ambas impiden pensar por sí mismo. El sapere aude kantiano exige como punto de partida, por ejemplo, la "emancipación" de la religión.

Los partidarios de reducir los espacios de la religión argumentan que al separarse en 1925 el Estado de la Iglesia, cualquier manifestación religiosa en la esfera pública sería ilegítima. Cabe recordar que el Estado chileno se define como laico, no como ateo, por ende, el argumento de la separación entre ambos estamentos no es concluyente, pues como dijeron los obispos en 1925: "el Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender el bien del pueblo; a procurar el orden social, a acudir en ayuda de todos..." (Pastoral colectiva de los obispos chilenos, de 20 de septiembre de 1925). Nos guste o no, el 79% de los chilenos afirma creer en Dios, según la Encuesta Bicentenario. Por lo tanto, no podemos desconocer el aporte de la religión en nuestro país o la influencia que ella ha ejercido en muchos "servidores de la patria", partiendo por O'Higgins, que se encomendó a la Virgen del Carmen.

¿Es legítimo, entonces, que la religión participe de la esfera pública? El muy citado Rawls valora a la postre el aporte de las doctrinas comprehensivas razonables de carácter religioso. Según él, a partir de la declaración Dignitatis Humanae la misma Iglesia Católica aceptaría el "paradigma liberal", con la salvaguarda de la libertad de conciencia. Habermas también admite el rol positivo normativo de la religión. Él acepta que en la esfera pública informal los creyentes podrían expresar y justificar sus convicciones en un lenguaje religioso, si no les es posible encontrar traducciones seculares para ellas. El llamado "giro habermasiano" implica que los ciudadanos seculares (como Bellolio o Matamala) deberían abrirse a la verdad que puedan encontrar en los planteamientos religiosos. Se colige de esto que una sana convivencia democrática exige el respetar los ritos y creencias dentro del marco del bien común. Estaremos de acuerdo en que un pesebre, un tedeum ecuménico o invocar a Dios al inicio de las sesiones de la Cámara no lo alteran.

Eugenio Yáñez
Académico Universidad San Sebastián
Vocero Fundación Voces Católicas