Si en lugar de elecciones municipales, las del próximo domingo fueran elecciones presidenciales, es probable que la mayoría de los actores políticos coincidirían en que lo prudente sería aplazarlas. Y es que la incertidumbre que hoy existe sobre el padrón electoral no tiene precedentes, a lo menos desde las irregularidades que afectaron la votación parlamentaria de 1973, y puede fácilmente poner en duda la legitimidad en muchas comunas de resultados estrechos.

Por errores que resultan inexplicables, y que revelan el deteriorado nivel de gestión que hoy se exhibe en áreas de la administración del Estado, se ha puesto en riesgo un bien público del que Chile puede sentirse orgulloso y que lo ha acompañado a lo largo de toda su historia republicana: la confianza ciudadana en el proceso electoral. ¿Qué ocurriría si miles de electores concurren el próximo domingo a las urnas de su comuna y se encuentran con que no pueden votar allí? ¿Qué ocurriría si en algunas comunas una proporción exagerada de quienes terminen votando tienen domicilio en el extranjero? ¿Qué ocurriría si, a partir de hechos de este tipo, los candidatos que resulten perdedores por estrecho margen comienzan, masivamente, a cuestionar el resultado?

Dadas las inconsistencias que parecen existir en el padrón electoral, lo anterior no sería un escenario descartable. Las auditorías de KPMG y de Deloitte al Servicio Electoral, conocidas en estos días, pero en manos del propio servicio y del Congreso al menos desde agosto, muestran, por ejemplo, 351.791 domicilios electorales no definidos (en blanco), 11.445 personas de 120 años o más (y una de 142 años), y casi cuatro millones de cambios de domicilio con inconsistencias. A lo cual se suma lo ya sabido de casi medio millón de cambios de domicilio electoral no solicitados por los votantes, a pesar de que el Registro Civil afirmó ahora que solo 17 mil de esas modificaciones significaron cambio de comuna. Y también está el hecho de que hay comunas donde los domiciliados en el extranjero, que no viven en ellas, llegan a un 10 por cierto del universo de potenciales votantes.

Todo lo anterior hace que la idea de postergar estas elecciones no se descarte tan fácilmente. Eso puede ser más razonable que improvisar medidas de emergencia, como la de enviar una carta, a solo días de la elección, informando a la gente dónde tiene que ir a votar. La situación es seria, y, más allá de las responsabilidades que le caben al Registro Civil o al Ministerio de Justicia, del cual depende aquel servicio, hay una responsabilidad central del ministro del Interior, encargado político del proceso electoral. Desde ese punto de vista, la reunión de emergencia que La Moneda sostendrá hoy durante la mañana con el Consejo Directivo del Servel, en búsqueda de posibles soluciones, es una señal de toma de conciencia sobre la gravedad de la situación y marca un giro respecto del discurso inicial que minimizó el episodio.