El debate en torno al proyecto de elección de intendentes regionales -que se ha querido describir equivocadamente como de descentralización- revela cierta superficialidad y cortoplacismo en la discusión de temas que tienen un impacto profundo en la administración del país.

No solo está el hecho de que la reforma constitucional para establecer la elección directa de esas autoridades se pretende aprobar sin contar con una definición respecto de las atribuciones de esa figura, sino que tampoco se precisa cómo se resolverán los potenciales conflictos que se generarán con la autoridad regional paralela, dependiente del gobierno central (que seguirá estando vigente), ni se aclara el papel que jugarán en el futuro esquema las actuales provincias y sus propias autoridades. Incluso, este debate acontece mientras en paralelo el Gobierno prepara una propuesta de nueva Constitución, documento que, por su naturaleza, debe contener, precisamente, la definición de la división administrativa del país y bajo qué tipo de gobernanza operará.

La elección de autoridades regionales se ha presentado a la ciudadanía como un proyecto descentralizador, pero si la región no tiene recursos ni autonomía para generarlos, seguirá dependiendo de lo que la autoridad central le transfiera vía presupuestaria, sin que se cumpla la expectativa de descentralización prometida. En ese cuadro, subsistirá el centralismo y surgirá un sentimiento de frustración en los habitantes de aquellas zonas.

Al parecer, para algunos, la elección de autoridades constituye en sí un hecho descentralizador, porque piensan que una manifestación electoral de la ciudadanía de la región es una señal de autonomía respecto del poder central. Pero, ¿es eso lo que realmente requiere el país? Como advirtió Felipe González, el ex presidente del gobierno español en su reciente visita, hay que evitar que la descentralización política, una idea interesante, se transforme en una centrifugación del poder, un gran problema. Ya se han creado dos nuevas regiones, y ese proceso podría continuar, pues algunas subregiones aspiran a constituirse ellas mismas en nuevas regiones, extendiendo la idea de que el centralismo se manifiesta incluso al interior de esa división territorial. Esa manera de razonar solo puede conducir a más problemas: una multitud de regiones, acompañada de una multitud de seremis, produciendo una burocracia creciente y asfixiante y sin autonomía ni recursos. En esas circunstancias la frustración ciudadana solo puede crecer.

El país aún está a tiempo de tener un debate serio respecto de este tema, como han propuesto los ex presidentes Lagos y Piñera: eso significa repensar qué vale la pena preservar del actual sistema de división administrativa del país -central, regional, provincial y comunal-, y reflexionar, entre otros, sobre los tamaños que esas divisiones deberían tener para aspirar a una autonomía auténtica. Son muchas las definiciones que debe adoptar el país previo a la elección directa de los intendentes, para darle sentido a esa decisión -en caso de implementarse-, y para no comprometer la gobernabilidad y cohesión del Estado chileno.