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Cartas
Martes 04 de octubre de 2016
Desmunicipalización en peligro
Señor Director.
El segundo trámite del emblemático proyecto que busca desmunicipalizar la educación pública, nuevamente corre un alto riesgo. Digo nuevamente, porque se trata del tercer intento de crear un sistema público de educación que garantice igualdad de condiciones a las niñas y niños de nuestro país.
En la Comisión de Educación del Senado ha ido ganando terreno un debate que a mi juicio es artificioso, una supuesta contradicción entre la función descentralizadora del proyecto y la responsabilidad nacional del sistema. Se ha acusado al proyecto de Nueva Educación Pública como excesivamente centralista, sin capacidad de entregar autonomía a las escuelas y liceos, sin atribuciones a los directores de escuela. Esto se contradice con el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo: la Dirección de Educación Pública (DEP), en vez de tener un rol rector del sistema, se limita a "orientar", "proponer" y "apoyar" la gestión de los Servicios Locales de Educación, siendo estos últimos, organismos estatales descentralizados, con patrimonio y RUT propios, regidos por la normativa de Bases de Administración del Estado.
Las atribuciones de la DEP, si bien limitadas, son suficientes. Reducir aún más la responsabilidad nacional del sistema sería muy parecido a mantener la actual lógica de administración municipal: un sistema inconexo, inorgánico, de desarrollo espontáneo y sin un último responsable de su funcionamiento general. A mi juicio, un sistema de educación pública debe contar con un último responsable. Si llegan a fallar las instituciones intermedias, alguien debe resguardar el derecho de las familias a tener una buena educación para sus hijos.
Otro punto es la tendencia a gerencializar la escuela. Ya con la Ley 20.501, promulgada en tiempos del ministro Lavín, se entregaban amplias facultades a los directores; esto, poco ha contribuido a mejorar los índices educativos. Hoy se vuelve a insistir con la idea de "entregar más autonomía", entendida como más autonomía a los directores, cuando las tendencias internacionales indican claramente la necesidad de entender a la escuela como comunidades de aprendizaje, entregar mayores atribuciones a organismos colegiados, como el Consejo de Profesores, y promover las decisiones de los docentes respetando su autonomía profesional.
En suma, este debate artificial planteado por algunos senadores sobre el proyecto pone en riego el consenso y la legitimidad del mismo; insistiendo con propuestas que en la práctica han demostrado su fracaso y minando el buen tránsito de la Nueva Educación Pública en los trámites que siguen.
Jaime Gajardo Orellana
Presidente nacional Colegio de Profesores de Chile, A.G.